El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, manifestó públicamente su rechazo a la aprobación y eventual aplicación de una ley que —según sostuvo— pone en riesgo derechos laborales históricos y advirtió que, de concretarse situaciones de abuso contra los trabajadores, la respuesta será un paro por tiempo indeterminado.
El funcionario remarcó que no se trata de una advertencia menor, sino de la posible vulneración de conquistas logradas tras décadas de esfuerzo, lucha y organización social. En ese sentido, señaló que cuando el poder político avanza sin escuchar y se debilitan las garantías laborales, se rompe el equilibrio entre capital y trabajo y se pone en peligro la paz social.
García enfatizó que el pueblo trabajador “no puede ser la variable de ajuste” y subrayó que los derechos adquiridos no deben recortarse ni negociarse en retroceso. Asimismo, advirtió que, si la norma se convierte en una herramienta de precarización, pérdida de estabilidad o abuso patronal, la sociedad tendrá “el derecho y la obligación moral” de responder con firmeza.
En esa línea, aclaró que un paro por tiempo indeterminado no sería un acto caprichoso, sino el último recurso frente a lo que definió como una injusticia sistemática.
García enfatizó que “el pueblo trabajador no puede ser la variable de ajuste”. Subrayó que los “derechos no se recortan” y que las conquistas no se negocian hacia atrás.
Finalmente, el defensor del Pueblo sostuvo que su responsabilidad institucional es advertir con claridad que, si se vulneran derechos, habrá conflicto social, y que ese escenario será consecuencia directa de quienes desoigan los reclamos. “Defender el trabajo es defender la dignidad humana”, concluyó.
Daniel García ya había cuestionado al gobierno de Javier Milei
El Defensor del Pueblo de Avellaneda ya había emitido un contundente pronunciamiento en diciembre del año pasado, en el que advirtió que la situación del país “ha alcanzado un nivel crítico” y que la Argentina “no soporta un minuto más” del actual rumbo político y económico.
García cuestionó, en aquel momento, con dureza la gestión del presidente Javier Milei, a la que definió como una administración “sin capacidad operativa, sin planificación y dañina para el pueblo argentino”. Según explicó, estas conclusiones surgen de datos aportados por “encuestadores reconocidos”, cuyos relevamientos registran “una caída estrepitosa del apoyo ciudadano, con niveles de desaprobación que superan el 58%”.
El funcionario sostuvo que ese descontento social “se refleja en el mal clima generalizado”, lo que afirmó que evidencia “la incapacidad del Gobierno para conducir la Nación”. Para García, el rumbo adoptado por la administración nacional “es errático, improvisado e institucionalmente peligroso”, y deriva en un deterioro directo de la calidad de vida de la población.
Además, advirtió que “la vulneración de derechos para los que menos tienen no tiene antecedentes” y aseguró que las medidas oficiales responden a “improvisaciones y decisiones apresuradas destinadas a beneficiar a los sectores más ricos”. En ese sentido, cuestionó la “soberbia y la falta de información” que, según él, orientan la toma de decisiones del Ejecutivo.
Para cerrar, García expresó que resulta “imprescindible una rectificación profunda, inmediata y verificable”, y sentenció: “La Argentina no resiste un minuto más de conducción temeraria. Es lamentable la quita de derechos para los más débiles”.
Por lo tanto, no es la primera batalla que inicia García contra las políticas del gobierno encabezado por Javier Milei. Se vienen más rounds en esta pelea política por los derechos de los trabajadores y las ideas sobre la nueva reforma laboral.
Cabe señalar que Daniel García es Defensor del Pueblo de Avellaneda desde 2019 cuando reemplazó en el cargo a su esposa María Laura Garibaldi, quien pasó a ocupar una banca en el Concejo Deliberante del distrito.
