Más allá de la inflación mediática, los delitos cometidos por niños y adolescentes son un fenómeno minoritario en Argentina. Sin embargo, contra las normativas nacionales y supranacionales, un amplio porcentaje de los menores que delinquen es privado de su libertad.
Región 22/03/2024
Por Verónica Engler
Las ciencias humanas en casos judiciales que involucran a menores
Que un adolescente cometa un delito —por ejemplo, un robo con armas— definitivamente es un problema social. Pero no parece muy claro que la solución sea encerrarlo en una institución de tipo carcelaria, aislarlo de su entorno y restringirle derechos como el acceso a la salud o la educación. Existe una amplia cantidad de información que demuestra que el confinamiento suele traer más perjuicios para la sociedad en su conjunto, incluso para quienes fueron víctimas de una acción ilegal y para los propios imputados del ilícito.
Investigadoras del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud de la UNSAM trabajan en juzgados y programas para jóvenes en conflicto con la ley penal. ¿Su objetivo? Contribuir a la formulación de políticas públicas centradas en los derechos humanos y orientadas a la reducción de penas.
Por tal motivo, un juez de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Martín, provincia de Buenos Aires, preocupado por la gran cantidad de jóvenes privados de la libertad en su juzgado, se contactó con investigadoras del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (PESGIJ) del Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas (LICH/EH-CONICET/UNSAM) para asesorarse y poder plantear soluciones alternativas. “Él quería que formuláramos alguna interpretación para entender qué caracterizaba el devenir de esas causas”, cuenta Marina Medan, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del PESGIJ. “Para tratar de entender cuáles eran las condiciones objetivas e institucionales que había detrás de esas causas hicimos entonces una sistematización y un análisis de los expedientes”.
Según el Informe Anual 2022 del Registro de Procesos del Niño (RPN) de la provincia de Buenos Aires, el Departamento Judicial de San Martín (que incluye los municipios de General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel y Tres de Febrero) es el que tiene más jóvenes confinados (incluso por arriba de otras dependencias judiciales más populosas como las de La Matanza, Lomas de Zamora o La Plata).
¿Qué quiere decir que “una gran cantidad” de chicos está encerrada? En general, nunca una cifra es transparente ni autoevidente. En Argentina hay aproximadamente 4300 personas en dispositivos penales juveniles (en libertad, semilibertad o privación) y casi el 80 % cumple medidas penales en libertad. Es decir que el 20 % cumple su condena bajo algún dispositivo de confinamiento. ¿Esto es mucho o poco? La Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (que tiene rango constitucional en nuestro país) dice que la privación de libertad es una medida judicial que debería aplicarse en última instancia, solo en casos excepcionales, por los efectos negativos que este tipo de medidas tienen en los jóvenes. Como medida excepcional, un 20 % parece una cifra alta. Al respecto, Medán observa: “Las directrices internacionales y las leyes provinciales de responsabilidad penal juvenil orientan a que se tomen medidas alternativas a la privación de libertad porque se considera que tiene efectos más nocivos que positivos sobre la reinserción social de los adolescentes”.
Las formas alternativas de resolución de conflictos que pueden aplicarse en Argentina son varias: proponen, en general, que los chicos con causas no estén encerrados en institutos ni en cárceles, sino que cumplan con una serie de medidas impuestas por los jueces, que implica seguir ciertas pautas de conducta.
Respecto a las formas alternativas de resolución de conflictos, hay diversas estrategias que tienen que ver con lo que se conoce como el enfoque “restaurativo”. Una de las formas más extendidas es a través de la mediación, que supone el encuentro entre las partes de un conflicto para que los jóvenes intenten restaurar el daño causado (si rompieron un edificio público, un auto o el frente de una casa, por ejemplo, deberán restaurar materialmente el bien vulnerado). “Pero también se trata de restaurar el daño simbólico que generaron, y entonces pueden hacer un pedido de disculpas, o tratar de explicar por qué pasó lo que pasó, y procurar reparar también en ese sentido”, puntualiza la investigadora.
Asimismo, las investigadoras señalan que cuando existen intervenciones de programas sociales que podrían ayudar en el egreso de los chicos (como procesos de reinserción social, revinculación escolar o laboral, o apoyos sociales de diversa índole), “estos recursos son brindados por las familias y no propuestos por los agentes del sistema judicial que, en general, desconocen su existencia, subestiman o desconfían de su efectividad”.
Acción, registro y reflexión
En el caso de las políticas destinadas a jóvenes en conflicto con la ley penal, las acciones llevadas a cabo para hacer cumplir la ley, resolver los conflictos y disminuir los índices de delincuencia son cruciales. Pero los registros y el análisis de esas acciones resultan indispensables a la hora de evaluar aciertos y errores para, finalmente, poder elaborar políticas que conduzcan a buen puerto. “En el trabajo cotidiano de la gestión y la intervención nos cuesta muchísimo generar espacios de formación y reflexión. En este sentido, nos resulta de suma centralidad tener grupos de estudio especializados en responsabilidad penal juvenil que puedan colaborar con los profesionales de nuestro equipo ”, apunta Lorena Ramundo, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del municipio bonaerense de Avellaneda.
El PESGIJ realizó en 2023 un proceso de trabajo colaborativo con el Programa de Alternativas de Inclusión y Prevención de la Violencia Comunitaria y el Delito, el cual depende de la Secretaría que lidera Ramundo. Este Programa trabaja con chicos para prevenir situaciones de violencia y, en particular, delictivas. El abordaje es territorial, es decir que los agentes van a los barrios donde viven los chicos y las chicas, conocen a sus familiares y a sus referentes escolares y barriales. Y es ahí donde se despliegan estrategias para que los jóvenes vayan a la escuela o se formen en algún oficio, y también se acompaña en la resolución de conflictos y en el acceso a derechos.
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