Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados formalizaron la convocatoria a la sesión especial solicitada por el radicalismo, Encuentro Federal (bloque de Miguel Ángel Pichetto) y la Coalición Cívica para contrarrestar el veto que le puso el presidente Javier Milei al proyecto de Movilidad Jubilatoria sancionado hace semanas en el Senado. La cita será este miércoles 11 de septiembre a las 11 de la mañana.
Cabe recordar que la observación total del proyecto por parte del Gobierno no pasó por comisiones, por lo cual los bloques que pujan por el rechazo al veto tendrán tres desafíos: primero, conseguir el quórum; después, habilitar el tratamiento sobre tablas; y finalmente lograr la aprobación por dos tercios de los presentes para que pueda pasar al Senado.
Cuando se logró la media sanción en la Cámara de Diputados previo al receso, el proyecto consensuado entre la oposición dialoguista y las más dura había conseguido dos tercios de los votos de los presentes. Con 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones. En caso de asistencia perfecta, el número de dos tercios se eleva a 172.
Tanto la oposición que busca dar marcha atrás con el veto, como el oficialismo, que tiene la tarea de mantener la decisión presidencial, trabajarán de manera frenética para asegurarse los números. Las ausencias resultarán clave, pues de esa manera se achican los cálculos, tanto para unos como para otros.
Con presiones desde Casa Rosada sobre los gobernadores, la lupa estará puesta en legisladores que responden a sus mandatarios. Un ejemplo es el bloque de Innovación Federal, con terminal en Salta, Misiones y Río Negro, compuesto por ocho miembros. En junio pasado votaron todos a favor de la norma.
Pero también está en la mira un sector de los radicales. Hay, además, quienes aseguran que la UCR tendría entre seis y ocho conversos y no precisamente todos serían de provincias gobernadas por el partido centenario.
El oficialismo junto a todos sus aliados reuniría 84 en total. Sin embargo, La Libertad Avanza deberá esforzarse sobre el panorama que se dio en la primera votación de la ley, cuando hubo siete ausentes del Pro (la bancada amarilla tampoco aportaría los 37 para el rechazo del veto) y tres del bloque Independencia, los tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo. Además, en esa ocasión se abstuvo la tucumana Paula Omodeo. También lo hicieron así dos sanjuaninas de Producción y Trabajo que, si bien no están contadas dentro de los aliados, votan en sintonía con el oficialismo.
A los números que la oposición perdería por quienes den vuelta su voto, o esta vez se ausenten, Unión por la Patria podría aportar dos que no estuvieron la primera vez; el radical Manuel Aguirre, que tampoco estuvo en esa oportunidad y forma parte del espacio más duro contra el oficialismo dentro de las vertientes de la UCR; y los cinco diputados del Frente de Izquierda, que se abstuvieron, pero que cambiarán su voto a favor, en rechazo del veto.
La ley vetada -sancionada por el Senado el pasado 22 de agosto por holgados dos tercios, con 61 votos positivos y 8 negativos- establecía una recomposición del 8,1% en las jubilaciones, de modo de complementar el 12,5% de incremento adicional otorgado en abril por el DNU 274/24 del Gobierno, de modo de alcanzar a compensar lo que fue la inflación más alta del año, la de enero, con 20,6%.
Asimismo, se establecía una fórmula de movilidad para la actualización de los haberes previsionales que contemplara el índice de inflación como referencia, al igual que el DNU. En estos dos aspectos el oficialismo se había mostrado a favor con un dictamen de minoría en el Senado, y se llegó a pensar que el veto podría haber sido parcial, sosteniendo el Poder Ejecutivo estos artículos. Pero finalmente no pasó.
Además, la norma establecía un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE) en marzo de cada año; y una garantía para el haber mínimo en 1,09% lo equivalente al valor de la Canasta Básica Total.
Por otro lado, se instruía a la ANSeS a cancelar con los recursos tributarios estipulados por ley con asignación específica a la seguridad social, la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme dentro de un plazo de seis meses, prorrogable por seis más.
El pasado 2 de septiembre, a través del decreto 782/24, el Poder Ejecutivo vetó totalmente la ley y fundamentó que el proyecto sancionado por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
“Dar cumplimiento a la medida sancionada por el Honorable Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”, agregó el PEN.
