Mayra Mendoza reclamó la libertad de Eva Mieri

La intendenta de Quilmes denuncia que la concejala está presa por motivos políticos tras un escrache simbólico. Apunta al Gobierno nacional y a la jueza Arroyo Salgado por prácticas autoritarias. “Esto no es justicia, es disciplinamiento”, advirtió.

Política14/07/2025
nota

En un escenario político tenso, con una justicia cada vez más alineada con los sectores de poder, la detención de la concejala quilmeña Eva Mieri encendió una alarma que atraviesa el conurbano bonaerense. A once días del operativo que la envió a una prisión federal, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, rompió el silencio con una acusación directa: “Esto no es justicia, es persecución política”. Y exigió su inmediata liberación.

Mieri fue detenida el 2 de julio, acusada de haber participado en un escrache frente a la casa del diputado José Luis Espert. La escena, más bien simbólica —un pasacalle y estiércol arrojado frente a su domicilio—, fue elevada a escala federal por la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien la imputó por amenazas coactivas, incitación al odio, atentado al orden público y malversación de caudales públicos. Delitos más cercanos al crimen organizado que a una protesta callejera. A pesar de que otros detenidos fueron excarcelados, Mieri sigue presa. La jueza adujo “riesgo procesal”, pese a tratarse de una funcionaria local con domicilio y arraigo conocidos.

“La detención de Eva no resiste análisis jurídico serio. Es una decisión política, montada sobre una causa sin lesividad real”, advirtió Mendoza desde sus redes sociales, y añadió: “La están castigando por militar. Como en la dictadura, pero con ropaje institucional”. El mensaje no fue aislado: desde La Cámpora y otros sectores del peronismo advierten un crecimiento de la judicialización de la política y un uso selectivo del sistema penal para acallar voces opositoras.

El operativo fue tan desproporcionado como el proceso. Agentes federales, traslados sin aviso previo, negativa de excarcelación y prisión preventiva. “Es una señal. Quieren dejar claro que quien se atreva a enfrentar este modelo puede terminar preso”, expresó Mendoza, quien además apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y contra el Gobierno nacional por sostener prácticas que —según dijo— “recuerdan a los peores años de nuestra historia”.

La propia causa judicial refleja el carácter disciplinador del proceso. Se investigó el uso de una camioneta municipal, se habló de “uso indebido de recursos públicos”, y se forzó una lectura del Código Penal que transforma un acto de protesta en una amenaza a la democracia. Mientras tanto, no hay una sola causa contra Espert, quien repite en medios que a los kirchneristas hay que “colgarlos o meterlos presos”. La vara judicial parece tener un solo destinatario: el peronismo militante.

“Mientras los verdaderos corruptos siguen libres y los discursos de odio se reproducen desde bancas oficiales, una concejala es enviada a una cárcel federal por dejar bosta en una vereda”, ironizó Mendoza. Pero la ironía es apenas un velo de una situación preocupante: el uso del poder judicial como herramienta de disciplinamiento político.

Desde Quilmes, la respuesta no es ambigua. “Liberen a Eva”, reclamó Mendoza, y calificó de “gorilas y papeloneros” a quienes celebran la detención. Pero más allá del tono combativo, la jefa comunal dejó una advertencia más profunda: “Estamos ante un intento de silenciar la organización política con cárcel. Si no lo frenamos ahora, mañana puede ser cualquiera”.

La situación de Eva Mieri no es solo un caso judicial. Es el síntoma de un país donde el derecho a protestar empieza a ser criminalizado y donde la justicia, lejos de actuar con imparcialidad, parece funcionar como una extensión del poder político de turno. En tiempos donde se proclama libertad, la prisión preventiva de una concejala por un escrache no es un detalle menor: es un mensaje, y no precisamente democrático.

La libertad de Eva Mieri se ha vuelto un reclamo que excede a Quilmes. Es una bandera por el derecho a disentir sin miedo a la cárcel. Porque si por un puñado de estiércol se aplica todo el peso del Estado, ¿qué queda para quienes realmente atentan contra la democracia desde las esferas del poder?, ¿Dónde están las detenciones inmediatas a obsecuentes de redes del Gobierno que pidieron destruir la Democracia con tanques?

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