El Gobierno volvió a su palabra fetiche: desregular. Esta vez no se trata de tarifas ni del mercado laboral, sino de medicamentos. Desde hoy, los técnicos de la ANMAT ya no deberán viajar a verificar la calidad de los productos en los países de origen. Las inspecciones de “Buenas Prácticas de Fabricación” pasarán a depender de certificados extranjeros o de declaraciones juradas. En criollo: confiar en lo que diga el laboratorio exportador.
La medida fue oficializada con la Disposición 7998/2025 y lleva la firma de los ministerios de Salud y Desregulación. En los papeles promete “agilizar trámites” y “reducir costos administrativos”. En la práctica, abre un negocio multimillonario: el de las farmacéuticas con plantas en India y China, las grandes proveedoras de genéricos baratos que ahora podrán ingresar al mercado argentino con menos obstáculos y más margen de ganancia.
La narrativa oficial es precisa: los controles “duplicaban esfuerzos” y retrasaban la importación de medicamentos. El ministro Mario Lugones y su socio ideológico, Federico Sturzenegger, aseguran que la eliminación de las inspecciones permitirá “modernizar el sistema” y “bajar precios”. Pero la aritmética del mileísmo siempre cierra del mismo modo: se achica el Estado, se agrandan los riesgos.
Competencia o ruleta sanitaria
Hasta 2005, la ANMAT validaba automáticamente los certificados de plantas europeas o del Mercosur. Recién ese año se incorporó la verificación presencial. Fue un salto de calidad sanitaria, el tipo de burocracia que impide tragedias. Ahora el Gobierno regresa a la lógica noventista: confianza externa, control remoto y fe de importador.
Desde la industria farmacéutica nacional no lo dicen en voz alta, pero el enojo es tangible. Los laboratorios argentinos —que cumplen controles estrictos y pagan costos locales— saben que competir con genéricos asiáticos a precio dumping es perder el partido antes de jugarlo.
Y hay antecedentes para preocuparse. HLB Pharma, el laboratorio detrás del escándalo del fentanilo contaminado, operó durante meses sin inspecciones adecuadas. Ciento veinticuatro muertes después, nadie discute que los controles sirven. El Gobierno, sin embargo, parece dispuesto a volver al modo “autocertificación”.
El argumento económico tampoco convence. En los últimos meses los precios de los medicamentos crecieron por debajo de la inflación, pero el acceso sigue limitado. Bajar el control no garantiza que bajen los precios. Sí garantiza que los importadores reduzcan sus costos y los consumidores asuman el riesgo.
Los intereses detrás de la desregulación
La iniciativa no nació en el Ministerio de Salud, sino en la usina de Sturzenegger. El hombre que diseñó la dolarización por etapas y sueña con un Estado liviano encontró en los remedios una nueva frontera para su evangelio de “eficiencia”. En su lógica, el control sanitario es una traba, no un resguardo.
En privado, funcionarios admiten que la medida busca abrir el mercado local a nuevos jugadores. La excusa es la competencia; el resultado, una guerra de precios con ganadores claros: las multinacionales que producen en Asia y los brokers de importación que ya operan en el país.
Los grandes laboratorios, que en los 90 se adaptaron al “sálvese quien pueda”, hoy temen un déjà vu: desmantelar la producción local en nombre de la eficiencia importadora.
El mileísmo convirtió la desregulación en religión. Desregular es libertad, dicen. Pero cuando se trata de medicamentos, libertad puede significar vulnerabilidad. El Gobierno confía en las certificaciones extranjeras, los importadores hacen números y las fábricas de Asia ya brindan por adelantado.
