El Gobierno frena la importación de ropa usada por sanidad

Controles aduaneros y crisis en la industria textil

El Gobierno decidió intervenir en un frente que había quedado expuesto por la propia dinámica de la apertura comercial. A partir de las próximas semanas, las importaciones de ropa usada deberán cumplir nuevos controles aduaneros y presentar documentación adicional. El objetivo formal es sanitario, pero el trasfondo es económico y productivo: el ingreso masivo de prendas de segunda mano comenzó a competir de manera directa con una industria local que trabaja al mínimo de su capacidad y sostiene miles de puestos de trabajo.

El cambio regulatorio llega luego de que la importación de ropa usada se multiplicara de manera abrupta en lo que va del año, un salto que encendió alarmas dentro del Estado. La decisión no implica una prohibición explícita, pero sí un endurecimiento de los requisitos que, en la práctica, apunta a reducir el volumen. En una economía atravesada por la escasez de dólares y la fragilidad del entramado productivo, el laissez faire mostró rápidamente sus límites.

El nuevo esquema incorpora un formulario específico que se suma a los certificados ya exigidos. El argumento central es la evaluación de impactos en materia ambiental y de salud públicaLa ropa usada ingresa en grandes fardos, con trazabilidad limitada y controles sanitarios complejos de garantizar a gran escala.

Apertura comercial y una industria al borde

Pero reducir la discusión a lo sanitario sería incompleto. El avance de esta operatoria se montó sobre una crisis profunda de la industria textil y de indumentaria. Las fábricas locales trabajan con niveles de utilización de capacidad históricamente bajos y enfrentan una combinación adversa de caída del mercado interno, costos elevados y un tipo de cambio que encarece la producción doméstica frente a bienes importados.

La ropa usada ingresa a precios que ningún taller local puede igualar. No paga el costo laboral argentino, no enfrenta la carga impositiva ni los estándares productivos que sí cumplen las empresas radicadas en el país. En términos estrictos de economía política, no se trata de competencia, sino de desplazamiento. Cada prenda importada bajo estas condiciones sustituye producción local en un sector que es intensivo en mano de obra y clave para el empleo urbano.

Los datos laborales reflejan ese impacto. En los últimos meses, el sector textil encabezó la destrucción de empleo privado registrado, con miles de puestos perdidos. El ingreso masivo de ropa usada no explica por sí solo la crisis, pero la profundiza. En un contexto de apertura acelerada, sin políticas de transición ni protección inteligente, la industria local queda expuesta a un shock que no puede absorber.

La decisión oficial también reconoce un riesgo ambiental. Una parte significativa de la ropa usada importada no llega siquiera a comercializarse y termina descartada.  El giro regulatorio expone una tensión central del programa económico. El discurso de apertura irrestricta choca con la realidad de sectores productivos frágiles y con límites sanitarios y ambientales concretos. Frenar la ropa usada sin decirlo en esos términos es una forma de admitir que no toda liberalización es neutra y que el mercado, por sí solo, no ordena estas dinámicas. La medida no resuelve la crisis textil ni redefine la estrategia industrial. Pero marca un punto de inflexión.