La seguridad volvió a convertirse en un eje de disputa política en la Ciudad de Buenos Aires, pero esta vez con un componente que empieza a generar fuerte ruido en el conurbano bonaerense. En medio de la campaña permanente que atraviesa la gestión porteña, Jorge Macri endureció el discurso sobre los accesos a la Capital y eligió construir un enemigo externo reconocible: los sectores populares que cruzan todos los días desde el Gran Buenos Aires hacia la Ciudad para trabajar, estudiar o realizar changas. “Un muro de control para proteger a los porteños de lo peor del conurbano”, lanzó el jefe de Gobierno al supervisar operativos policiales sobre General Paz y los puentes del Riachuelo, una frase que rápidamente encendió críticas por su carga estigmatizante hacia millones de bonaerenses.
La estrategia aparece en un contexto donde el macrismo busca retener voto duro en la Ciudad apelando a una narrativa de orden, control y frontera urbana. Sin embargo, detrás de esa construcción política emerge una contradicción difícil de ocultar: gran parte del funcionamiento económico porteño depende justamente de trabajadores del conurbano que todos los días ingresan a la Capital para sostener servicios, comercios, obras, hospitales y actividades esenciales. En ocho meses, la Policía de la Ciudad realizó más de 110 mil controles vehiculares y verificó documentación de 123 mil personas en los ingresos desde provincia.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó más de 110 mil controles vehiculares y verificó la documentación de 123 mil personas en los accesos a la Ciudad durante los últimos ocho meses, en un operativo que dejó un saldo de 98 detenidos. “Un muro de control para proteger a los porteños de lo peor del conurbano”, dijo el mandatario.
Según informó el Gobierno porteño, los procedimientos se desplegaron en 16 puestos ubicados a lo largo de la Avenida General Paz y en los puentes que cruzan el Riachuelo, principales vías de ingreso desde la provincia de Buenos Aires. Las detenciones están vinculadas a delitos como robos, hurtos, lesiones, encubrimiento y resistencia a la autoridad.
Los operativos están a cargo de la Patrulla de Control de Accesos, que desde septiembre pasado supervisa los 24 kilómetros de la General Paz y los cruces estratégicos. Además de las detenciones, se remitieron más de 15.000 vehículos por infracciones.
El dispositivo incluye efectivos con patrulleros, motos, camiones de traslado y la participación de la División K9, y se articula con el Sistema Integral de Seguridad Pública. En ese marco, se utilizan herramientas como el Mapa del Delito, el Anillo Digital —que detecta patentes en tiempo real—, los Centros de Monitoreo Urbano y una red de más de 17 mil cámaras.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, supervisó uno de los operativos en Villa Devoto junto al ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y al secretario del área, Maximiliano Piñeiro. Durante la recorrida, destacó la estrategia de reforzar los controles en los accesos como parte de la política de seguridad.
Desde el Ejecutivo porteño señalaron que la seguridad representa uno de los ejes centrales de gestión y que el presupuesto 2026 destina el 15,4% a esta área. En paralelo, remarcaron otras acciones como la recuperación de más de 770 propiedades usurpadas, la liberación de 68 kilómetros ocupados por manteros y los operativos contra “trapitos” y en estaciones de subte.
