La política argentina vive de la confrontación. Oficialismo contra oposición, libertarios contra peronistas, gobernadores contra Casa Rosada. Pero cada tanto aparece un tema que obliga a bajar las banderas partidarias para levantar otra más incómoda: la de la memoria.
Eso ocurrió en la sede de la AMIA, donde más de medio centenar de intendentes de todo el país participaron del Encuentro Federal por la Memoria, una convocatoria que consiguió sentar en la misma mesa a dirigentes que pocas veces comparten una firma.
A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del atentado del 18 de julio de 1994, la institución volvió a instalar un mensaje político que excede a la comunidad judía. La apuesta fue clara: transformar el reclamo de justicia en una agenda federal y comprometer a los gobiernos locales en la defensa de la convivencia democrática frente al terrorismo, el antisemitismo y cualquier forma de intolerancia.
Del conurbano a la AMIA: una foto que atravesó las fronteras partidarias
La representación bonaerense fue una de las más numerosas y, particularmente, el conurbano norte y oeste mostró una presencia transversal. Firmaron la declaración conjunta Gustavo Menéndez (Merlo), Fernando Moreira (General San Martín), Soledad Martínez (Vicente López), Ariel Sujarchuk (Escobar), Mariel Fernández (Moreno), Rodrigo Aybar (Tres de Febrero), Juan Andreotti (San Fernando), Leonardo Boto (Luján) y Marcelo Matzkin (Zárate), entre otros jefes comunales.
La lista deja una lectura política difícil de ignorar. Conviven intendentes del peronismo, del PRO y de distintos armados locales que en cualquier elección compiten con dureza, pero que esta vez aceptaron compartir un mismo documento institucional.
También participaron dirigentes del sur del conurbano como Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza), Carlos Balor (Berazategui), Marisa Fassi (Cañuelas), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Eva Mieri (Quilmes), junto a intendentes del interior bonaerense y representantes de otras provincias.
El encuentro comenzó con un homenaje a las 85 víctimas fatales del atentado, incluyó el encendido simbólico de 85 velas y culminó con la firma de un compromiso que ratifica el pedido de justicia y promueve políticas de educación, derechos humanos y prevención de la discriminación.
Más allá de la carga emotiva, la foto tiene peso político. En tiempos donde cualquier tema parece convertirse en combustible para la polarización, la AMIA consiguió algo que hoy escasea: reunir dirigentes de distintas identidades alrededor de un consenso básico. No elimina las diferencias ni resuelve las disputas que atraviesan la política argentina, pero demuestra que todavía existen causas capaces de perforar la lógica permanente de la grieta.
Treinta y dos años después del atentado, la investigación judicial sigue siendo una deuda abierta del Estado argentino. Precisamente por eso, la memoria dejó de ser solamente un ejercicio histórico para transformarse también en una señal política. Porque cuando la Justicia no logra cerrar una herida durante más de tres décadas, mantener vivo el reclamo deja de ser un gesto ceremonial para convertirse en una responsabilidad institucional que trasciende cualquier calendario electoral.
