La campaña permanente también se juega en un cartel. Esta vez no hizo falta una conferencia de prensa ni un proyecto de ley. Bastó un posteo de Jorge Macri en X para volver a instalar una idea que atraviesa buena parte de su construcción política: el conurbano como frontera y, cada vez más, como adversario. "Prioridad porteña en el Ecoparque. No residentes pagan", escribió el jefe de Gobierno junto a una imagen que exhibe el nuevo criterio de acceso durante las Vacaciones de Invierno.
La medida establece un beneficio para quienes acrediten domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante DNI, mientras que los visitantes deben abonar una entrada. El mensaje, sin embargo, excedió la cuestión tarifaria. En un contexto donde la seguridad, el transporte y la presión sobre los servicios públicos ocupan un lugar central en el discurso oficial porteño, el posteo volvió a reforzar una narrativa que contrapone a los porteños con quienes llegan desde el otro lado de la General Paz.
No es un detalle menor. La Ciudad de Buenos Aires no es una ciudad cualquiera. Es la capital de la República Argentina, sede de los tres poderes del Estado y el principal nodo económico del país. Todos los días millones de personas ingresan desde el Gran Buenos Aires para trabajar, estudiar, atenderse en hospitales privados, consumir, producir riqueza y sostener buena parte de la actividad económica que convierte a CABA en el distrito con mayor producto bruto per cápita del país. Presentar a esa población como un usuario ajeno que solo demanda recursos supone desconocer el funcionamiento real de un área metropolitana integrada.
Mucho más que un cruce en redes
La respuesta llegó desde el secretario del Municipio de Quilmes, Alberto De Fazio, quien invitó públicamente a las familias a disfrutar de las actividades recreativas organizadas por la comuna y remarcó que ningún niño sería interrogado por su lugar de residencia para participar. El contrapunto sirvió como disparador, aunque la discusión ya había desbordado a Quilmes.
Detrás del intercambio aparece una diferencia política más profunda. Mientras el gobierno porteño busca reforzar una identidad construida sobre la defensa exclusiva del contribuyente local, desde distintos sectores del peronismo se insiste en que la Ciudad forma parte de una región metropolitana donde los límites administrativos difícilmente expliquen la vida cotidiana de millones de personas.
La estrategia tampoco parece casual. Convertir al conurbano en antagonista ofrece un blanco reconocible para un electorado que reclama respuestas frente a problemas complejos. El riesgo es que la simplificación termine erosionando una realidad imposible de fragmentar: la capital funciona gracias a una relación de interdependencia permanente con el Gran Buenos Aires.
Porque quienes cruzan cada mañana los accesos no llegan a una ciudad extranjera. Llegan a la capital del país. Y cuando la política necesita fabricar enemigos internos para explicar tensiones estructurales, el problema deja de ser cuánto cuesta una entrada al Ecoparque. Empieza a discutirse quiénes son considerados parte de la misma comunidad y quiénes quedan, por conveniencia electoral, del otro lado del cartel.
La Ciudad de Buenos Aires no existe de espaldas al conurbano. Millones de bonaerenses pagan impuestos nacionales que también integran el financiamiento del Estado, trabajan todos los días en la Capital, consumen en sus comercios, llenan sus restaurantes, compran en sus negocios y sostienen buena parte de su actividad económica. El kiosquero, el mozo, el librero o el comerciante de Palermo difícilmente pregunten de qué lado de la General Paz vive quien entra a gastar su dinero. La capital del país no es un club privado ni una ciudad-Estado: es el corazón de una metrópolis de más de 15 millones de habitantes cuya riqueza se construye todos los días con el aporte de ambos lados de esa avenida. Convertir esa interdependencia en una frontera política puede rendir un aplauso en redes. Lo que difícilmente consiga es cambiar la realidad.
