La promesa era bajar costos y modernizar la actividad portuaria. El resultado inmediato fue otro: más de 140 buques detenidos, exportaciones demoradas y un conflicto abierto en uno de los engranajes más sensibles del comercio exterior argentino. El decreto 690/2026, impulsado por Federico Sturzenegger, modificó el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde hace más de tres décadas y desató un enfrentamiento con los profesionales encargados de asistir las maniobras de navegación en el Río de la Plata y la Hidrovía Paraná.
Para el Gobierno, el sistema estaba atravesado por "kioscos" y "privilegios" que encarecían la logística. Para los prácticos, la reforma desmantela un esquema que prioriza la seguridad de la navegación y desconoce estándares utilizados en prácticamente todos los grandes puertos del mundo.
Cuando la desregulación termina frenando el comercio
El practicaje no es un trámite burocrático. Es la asistencia técnica obligatoria que reciben los capitanes al ingresar o salir de zonas de navegación compleja. Su función es reducir el riesgo de accidentes, encallamientos, derrames y daños sobre una infraestructura estratégica para un país cuya principal fuente de divisas depende, precisamente, de sus exportaciones.
El decreto abrió un registro administrado por la Prefectura Naval, flexibilizó requisitos para ejercer la actividad, habilitó excepciones al uso de prácticos y otorgó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación la facultad de fijar tarifas máximas. Esa última decisión dejó expuesta una paradoja difícil de ocultar: un gobierno que se presenta como abanderado del libre mercado terminó interviniendo directamente sobre los precios de una actividad privada.
La respuesta fue inmediata. Los prácticos suspendieron la prestación del servicio y el Ejecutivo escaló el conflicto. La Prefectura intimó a 536 profesionales a retomar sus tareas y advirtió que quienes mantengan la medida podrían enfrentar sumarios administrativos e incluso denuncias penales invocando los artículos 190 y 194 del Código Penal.
Las consecuencias ya dejaron de ser una discusión jurídica. Cámaras empresarias reconocen que hay embarques agroindustriales, combustibles y otras cargas demoradas por la falta de maniobras. En otras palabras, una reforma presentada para agilizar la logística terminó ralentizando el flujo comercial de uno de los principales proveedores mundiales de alimentos.
Desde distintos sectores marítimos sostienen además que el decreto constituye apenas el primer paso de una reforma más amplia sobre el cabotaje y la actividad fluvial. El Gobierno lo niega y defiende la apertura del mercado como una herramienta para reducir costos. Sin embargo, el conflicto muestra que modificar por decreto actividades altamente especializadas puede producir efectos exactamente inversos a los buscados.
La historia económica argentina está llena de reformas anunciadas como modernizadoras que terminaron generando problemas donde antes había previsibilidad. El practicaje podrá ser perfectible, como cualquier sistema, pero también es una institución respetada en las principales potencias marítimas. Cuando un país que vive de exportar alimentos consigue frenar sus propios puertos en nombre de la desregulación, la discusión deja de ser ideológica. Pasa a ser una cuestión de eficacia. Porque modernizar no siempre consiste en romper lo que funcionaba. A veces consiste, simplemente, en mejorarlo sin detener la máquina que sostiene buena parte de la economía nacional.
