El Gobierno nacional terminó de reglamentar el nuevo Régimen Penal Juvenil y casi inmediatamente apareció el problema que suele esconderse detrás de las grandes reformas: alguien tiene que aplicarlas.
La Justicia de Lomas de Zamora suspendió su implementación en la provincia de Buenos Aires al considerar necesario determinar primero si existen condiciones materiales para incorporar adolescentes desde los 14 años al sistema penal sin vulnerar garantías constitucionales.
La decisión fue adoptada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora. El planteo no elimina la Ley 27.801 ni modifica la edad mínima establecida por el Congreso. Lo que hace es frenar su aplicación en territorio bonaerense mientras se analiza una cuestión bastante menos efectista que anunciar una baja de imputabilidad, pero bastante más difícil de resolver: dónde y bajo qué condiciones quedarán alojados los adolescentes alcanzados por el nuevo régimen.
La reforma había sido reglamentada por el Gobierno de Javier Milei mediante el Decreto 875/2026. La ley permite incorporar al sistema penal juvenil a adolescentes de entre 14 y 17 años y contempla desde medidas alternativas hasta penas de prisión. Para los menores, la pena máxima prevista es de 15 años y quedan excluidas la reclusión y la prisión perpetua.
El esquema incluye amonestaciones, restricciones de circulación o contacto, tareas comunitarias, reparación del daño y monitoreo electrónico. También crea supervisores especializados que deberán acompañar a los adolescentes sometidos a determinadas medidas judiciales.
Bajar la edad es sencillo; construir el sistema cuesta bastante más
Ahí aparece el corazón político del fallo de Lomas. La discusión sobre imputabilidad suele ser extraordinariamente rentable en campaña porque puede resumirse en una cifra: 14 años. La implementación, en cambio, necesita edificios adecuados, profesionales capacitados, dispositivos de seguimiento, presupuesto y coordinación entre Nación y provincias.
Pascual advirtió precisamente sobre esa distancia. La incorporación de una nueva franja etaria puede aumentar progresivamente la cantidad de adolescentes sometidos al régimen e impactar incluso de manera inmediata sobre detenciones y prisiones preventivas. Antes de avanzar, la Justicia quiere determinar si Buenos Aires dispone de la estructura necesaria para absorber esa demanda.
No es una discusión menor. Un Estado puede endurecer una ley penal, pero no puede guardar adolescentes en cualquier lugar ni tratarlos como adultos. El régimen juvenil mantiene estándares específicos de protección, educación y reinserción que deben cumplirse aun cuando exista una imputación por un delito grave.
La reglamentación nacional intenta cubrir parte de ese terreno. Los supervisores deberán contar con formación específica, experiencia profesional y capacitación en justicia juvenil. Tendrán entrevistas periódicas con los adolescentes y deberán informar sobre educación, conducta y evolución. En las provincias, cada jurisdicción tendrá que organizar sus propios mecanismos respetando los lineamientos generales.
Y ahí la reforma abandona definitivamente el terreno del eslogan. Nación puede sancionar la ley y reglamentarla, pero buena parte de su funcionamiento cotidiano dependerá de sistemas provinciales con capacidades, presupuestos e infraestructura diferentes.
La resolución de Lomas abre además un frente político incómodo para Milei. La baja de imputabilidad fue presentada como una respuesta concreta frente al delito juvenil. Ahora aparece una Justicia bonaerense preguntando algo elemental: si el Estado quiere sumar adolescentes al sistema penal, ¿preparó primero el sistema que deberá recibirlos?
La discusión recién comienza y seguramente continuará en instancias superiores. Pero dejó expuesta una vieja diferencia entre anunciar autoridad y ejercerla. Bajar la edad entra en una ley. Construir cárceles adecuadas, formar profesionales, prevenir reincidencias y reinsertar adolescentes no entra en un tuit.
