Una persona llega con un infarto a la guardia y será atendida. Lo mismo ocurrirá ante un ACV, un accidente grave, una hemorragia o una emergencia obstétrica o pediátrica. La nacionalidad y la situación migratoria no podrán convertirse en una barrera frente a una urgencia. El cambio aparece después: los hospitales nacionales y de administración compartida de Zona Sur comenzarán a cobrar las prestaciones no urgentes a extranjeros que no tengan residencia permanente en la Argentina.
La medida alcanza a dos establecimientos fundamentales para el sistema sanitario del sur del Conurbano: el Hospital de Alta Complejidad El Cruce, de Florencio Varela, y el Hospital del Bicentenario, ubicado en Esteban Echeverría. Ambos funcionan bajo el modelo SAMIC, con participación de Nación, Provincia y los gobiernos locales.
El nuevo esquema surge de la Resolución 1066/2026 del Ministerio de Salud de la Nación, publicada en agosto, que reglamentó cómo deberán proceder los establecimientos alcanzados cuando atiendan a personas extranjeras sin residencia permanente.
La diferencia central está entre una emergencia y una atención programada o posterior. Si existe riesgo inmediato para la salud, primero se atiende. No será necesario acreditar residencia ni realizar un pago para ingresar a una guardia ante un cuadro considerado urgente.
Será el profesional responsable de la atención quien determine médicamente si se trata de una emergencia. Una vez superada esa situación, cambia el régimen: las consultas, estudios, intervenciones o tratamientos que continúen podrán generar un costo para el paciente.
Qué cambia y cómo funcionará el cobro
El procedimiento dependerá de si la persona posee cobertura médica. Cuando el extranjero sin residencia permanente tenga un seguro de salud, el hospital deberá registrar la atención, comunicarla a la aseguradora dentro de las 24 horas y posteriormente facturar las prestaciones para recuperar el dinero utilizado.
Si el paciente no cuenta con cobertura, el establecimiento calculará previamente cuánto cuesta la práctica requerida y el pago deberá realizarse antes de concretarla, siempre que no exista una emergencia que obligue a intervenir inmediatamente.
También puede ocurrir una situación intermedia. Una persona puede ingresar gratuitamente porque su vida está en riesgo, recibir la atención necesaria para estabilizarse y necesitar después estudios, procedimientos o un tratamiento prolongado. Esa primera intervención continuará garantizada, mientras que las prestaciones posteriores quedarán incorporadas al mecanismo de facturación previsto por la nueva normativa.
Para quienes tengan residencia permanente en la Argentina, en cambio, continuará el acceso al sistema público bajo las condiciones habituales. El DNI será el documento utilizado para acreditar esa situación migratoria.
El alcance de la medida excede Zona Sur. También involucra al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas y al Hospital SAMIC Presidente Néstor Kirchner de Laferrere. Entre los establecimientos completamente nacionales aparecen además el Hospital Posadas, en Morón; el Hospital Baldomero Sommer, en General Rodríguez; y el INAREPS, ubicado en General Pueyrredón.
En el sur del Gran Buenos Aires, sin embargo, la atención está especialmente puesta sobre El Cruce y el Bicentenario por su importancia dentro de la red sanitaria regional. Son establecimientos que concentran especialidades, equipamiento y prestaciones de complejidad que no están disponibles de la misma manera en todos los hospitales.
Por eso el cambio administrativo también tendrá una traducción muy concreta en las ventanillas. Además de determinar qué atención necesita cada paciente, los establecimientos deberán identificar su condición de residencia, verificar si posee seguro y establecer quién financiará las prácticas cuando el cuadro deje de ser urgente.
La implementación abre inevitablemente una discusión política sobre el acceso de extranjeros al sistema público y sobre quién debe financiar esas prestaciones. Pero en la vida cotidiana del hospital hay una frontera que la propia norma preserva: ante una emergencia, la discusión sobre papeles y dinero queda para después.
Esa diferencia es la que necesita conocer cualquier persona que llegue a una guardia. En los hospitales nacionales de Zona Sur nadie podrá quedar sin asistencia frente a una emergencia por no tener residencia permanente. Una vez fuera de peligro, comenzará otro recorrido: acreditar cobertura o afrontar el costo de continuar el tratamiento.
