Granja Tres Arroyos contra las cuerdas: peligran cientos de empleos en Ezeiza y Echeverría

La crisis de Granja Tres Arroyos dejó hace tiempo de ser solamente un problema de balances. En Ezeiza y Esteban Echeverría tiene nombres, familias y trabajadores que durante años entraron todos los días a plantas que forman parte de la historia industrial de la zona. Ahora, el pedido de concurso preventivo de Wade SA, la empresa que controla las instalaciones de la antigua Cresta Roja, abre una nueva etapa de incertidumbre en el Conurbano Sur.

Wade administra dos establecimientos decisivos para la estructura productiva del grupo: Wade 1, ubicada en Ezeiza, y Wade 2, en Esteban Echeverría. No son activos perdidos en un organigrama empresario. Son plantas alrededor de las cuales se organizan empleos directos, proveedores, transportistas, pequeños comercios y buena parte de la economía cotidiana de muchas familias de ambos distritos.

La situación se agravó después de que el holding no consiguiera cerrar una reestructuración privada de pasivos por 350,9 millones de dólares. El plan buscaba renegociar las obligaciones con los acreedores, conseguir nuevos inversores, desprenderse de algunos activos y extender los plazos de pago. La falta de acuerdo terminó llevando el problema a los tribunales.

Wade fue la primera de las sociedades del grupo en solicitar formalmente el concurso preventivo. Granja Tres Arroyos SA, corazón del holding, se prepara para avanzar por una vía semejante. El concurso no significa automáticamente una quiebra: es justamente una herramienta judicial destinada a ordenar las deudas y tratar de sostener una empresa en funcionamiento. Pero muestra hasta qué punto se deterioró una compañía que durante décadas fue protagonista de la producción avícola argentina.

Y en el Conurbano esa diferencia jurídica importa, pero importa todavía más otra pregunta: cuántos puestos de trabajo podrán preservarse.

La planta de Esteban Echeverría ya quedó atravesada por un conflicto que involucró alrededor de 450 despidos. La crisis laboral alcanzó además a establecimientos de Capitán Sarmiento y Pilar, hasta llevar al gobierno bonaerense a intervenir mediante una conciliación obligatoria frente a 1.200 desvinculaciones en territorio provincial.

De la expansión nacional al ajuste que llegó a los barrios

El contraste ayuda a dimensionar lo que está ocurriendo. Granja Tres Arroyos llegó a convertirse en la principal compañía avícola argentina, con una estructura integrada que abarcaba desde genética, incubación y alimentación hasta crianza, faena,procesamiento y comercialización. En su etapa de mayor expansión operó ocho plantas entre Argentina y Uruguay y llegó a representar más del 20% de la producción nacional.

La compra de los activos de Cresta Roja había sido parte de ese crecimiento. A través de Wade, el grupo tomó el control de instalaciones ubicadas en una región donde la industria avícola tiene una extensa historia productiva y laboral. Para cientos de trabajadores del sur metropolitano aquello significaba la continuidad de establecimientos que ya habían atravesado otras crisis.

Hoy la película corre en sentido contrario.

El deterioro financiero puede verse en una cifra difícil de ignorar. Entre Granja Tres Arroyos, Wade y Avex se registraron más de 7.000 cheques rechazados por un monto superior a los $101.000 millones. A la falta de liquidez se agregaron reclamos de acreedores, ejecuciones judiciales, pedidos de quiebra y medidas sobre bienes relacionados con distintas sociedades del conglomerado.

La crisis tampoco nació de un día para otro. El negocio exportador recibió un golpe cuando China cerró su mercado al pollo argentino a raíz de la gripe aviar en 2023. Las posteriores reaperturas no consiguieron devolverle al sector la estabilidad previa. Para una compañía que había colocado una parte importante de su producción fuera del país, perder previsibilidad en los mercados internacionales significó tener que reacomodar una enorme estructura industrial.

A eso se sumaron problemas financieros y una capacidad productiva difícil de sostener. Desde fines de 2024 comenzaron los retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, reducciones salariales acordadas y una progresiva concentración de la producción. Durante 2025 continuó el achique y en 2026 la crisis tomó otra velocidad: plantas con menor actividad, establecimientos paralizados y más de 1.700 trabajadores desvinculados sobre una estructura que había rondado los 6.500 empleados.

Para Ezeiza y Esteban Echeverría, el problema excede entonces la suerte de una empresa. Cada empleo industrial que desaparece arrastra consumo en el barrio y actividad entre proveedores, transportistas y comercios. Detrás de una planta funcionando existe una pequeña red económica que rara vez aparece en los balances.

El concurso abre ahora una instancia judicial en la que se intentará ordenar las deudas y encontrar una salida que permita preservar actividad. Nada garantiza que resulte sencillo. Pero entre acreedores, expedientes y millones de dólares existe un activo que no debería convertirse en una variable secundaria: una estructura productiva construida durante décadas y el conocimiento acumulado por quienes trabajan en ella.

En Ezeiza y Esteban Echeverría, cientos de familias esperan justamente eso. Que la salida a una crisis empresaria no consista simplemente en apagar máquinas y cerrar portones, sino en encontrar una forma de mantener producción y trabajo en dos comunidades donde cada empleo industrial todavía importa mucho más que un número en una planilla.