Fernando Gray volvió a judicializar la privatización de AySA cuando faltan pocos días para que concluya la licitación del 90% de las acciones de la compañía. El intendente de Esteban Echeverría presentó un nuevo amparo ante la Justicia Federal de La Plata y puso el eje en el impacto que el cambio de gestión podría tener sobre millones de usuarios.
“El acceso al agua potable y al saneamiento cloacal es un derecho humano y una responsabilidad que el Estado debe garantizar”, sostuvo. Gray cuestionó además la exclusión de empresas estatales provinciales como ABSA y fue especialmente duro frente a la posibilidad de interrumpir servicios por falta de pago: “No podemos permitir que una mora de 60 días implique quedarse sin saneamiento y agua potable”.
El jefe comunal reclamó además inversiones para ampliar las redes y llevar estos servicios a los bonaerenses que todavía no cuentan con ellos.
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó ante la Justicia una nueva acción de amparo contra la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), cuya licitación por el 90 % del paquete accionario concluirá el 15 de septiembre. La presentación cuestiona la exclusión de las empresas estatales provinciales, que impediría a Agua Bonaerense S.A. (ABSA) participar en igualdad de condiciones. También plantea la necesidad de resguardar el derecho humano al agua potable y al saneamiento y las competencias de la Provincia sobre sus recursos naturales.
La nueva presentación se realizó luego de que el Gobierno nacional extendiera el plazo previsto para el proceso de privatización. Tras el primer amparo ante los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires, el intendente Gray presentó una nueva acción ante los tribunales federales de La Plata, donde cuestiona las condiciones del proceso y reclama que ABSA pueda participar en igualdad de condiciones y se garantice el acceso al agua potable y al saneamiento como servicios esenciales.
"El acceso al agua potable y al saneamiento cloacal es un derecho humano y una responsabilidad que el Estado debe garantizar. En el contexto económico actual, donde muchas familias tienen dificultades para afrontar los gastos básicos, no podemos permitir que una mora de 60 días implique quedarse sin saneamiento y agua potable, ni que se posterguen las obras de cloacas que necesitan nuestros municipios.
Necesitamos inversiones para ampliar las redes y garantizar que todos los bonaerenses puedan acceder a estos servicios esenciales”, expresó el jefe comunal.
En este sentido, Fernando Gray cuestionó que el pliego licitatorio excluya a las empresas estatales provinciales de la posibilidad de participar del proceso. Asimismo, advirtió sobre las consecuencias que podría tener una gestión que priorice criterios de rentabilidad por sobre la expansión y universalización de los servicios de agua potable y saneamiento.
El planteo adquiere especial relevancia en materia de saneamiento cloacal, donde persisten importantes necesidades de infraestructura y expansión de las redes. La acción judicial también cuestiona que el pliego habilite al futuro concesionario a interrumpir el suministro de agua potable y el servicio de saneamiento cloacal ante determinadas situaciones de mora, por considerar que se trata de servicios esenciales vinculados directamente con el derecho a una vida digna.
