Sigue la motosierra: el Gobierno eliminó la Secretaría de Vivienda

Lo efectivizó por medio del Decreto 70/2025. “La vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado”, argumentó.

El Gobierno avanzó este martes con una reestructuración en el Ministerio de Economía, que incluyó el cierre de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, mediante la publicación del Decreto 70/2025 en el Boletín Oficial.

La medida que contempla cambios en la estructura de la cartera económica, dispone la eliminación y fusión de diversas áreas, redefiniendo objetivos y reorganizando funciones en línea con la política de reducción del gasto y de mayor eficiencia en el desempeño de la administración pública nacional.

Una de las modificaciones más relevantes es la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, con sus respectivas subsecretarías. Sus funciones pasan a ser absorbidas por la Secretaría de Obras Públicas, que amplía su campo de acción para incluir temas de integración socio-urbana e infraestructura habitacional.

De esta manera, Obras Públicas se encargará de formular y ejecutar políticas de viviendas, regularización del suelo y desarrollo territorial, además de gestionar obras vinculadas al espacio público. También tendrá la responsabilidad de relevar suelos vacantes para la planificación urbana. Dentro de la citada área se determinaron cambios en los objetivos de la Subsecretaría de Integración Sociourbana.

Además, se eliminó dentro de las atribuciones de la mencionada secretaría el control del Enohsa, que era el organismo encargado de ejecutar obras de acceso al agua potable que ya había sido disuelto en noviembre de 2024.

Desde los gremios advierten que el fin de las políticas nacionales de vivienda podría derivar en el despido de alrededor de 500 trabajadores. El decreto aclara que aquellos empleados de planta permanente quedarán sujetos a lo dispuesto en la normativa vigente (decreto 1421/02).

Por otro lado, también se institucionaliza la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, abarcando subsecretarías enfocadas en distintas áreas de la matriz energética, incluyendo energía eléctrica, combustibles líquidos y gaseosos, así como transición y planeamiento energético.

En el ámbito productivo, la Secretaría de Industria y Comercio concentrará las áreas de política industrial, comercio exterior y defensa del consumidor, con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo y la inserción de Argentina en los mercados internacionales.

La reestructuración dispuso una reorganización de la Secretaría de Transporte, que pasará a dividirse en subsecretarías para el transporte automotor, ferroviario y aéreo, buscando mejorar la coordinación y regulación de estos sectores.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda mantendrá su rol central en la gestión de los recursos públicos, con subsecretarías encargadas del Presupuesto, Ingresos Públicos y Coordinación Fiscal Provincial, con el objetivo de fortalecer la relación financiera entre la Nación y las provincias.