La justicia habilitó censura previa para cubrir a Karina

EL Gobierno elige poner al país en crisis institucional

En la desesperación, el oficialismo elige perseguir periodistas en lugar de separar a los implicados.

El régimen libertario atraviesa su crisis de torre fulminada: los audios de Spagnuolo y de Karina Milei golpearon el corazón mismo de la Rosada. 

La respuesta del gobierno fue un salto al vacío: en vez de abrir una investigación interna o apartar a los involucrados, se lanzó a pedir censura previa, allanamientos a periodistas y teorías de espías extranjeros. Lo que debería haber sido un caso de transparencia se transformó en un ensayo autoritario que exhibe la desesperación oficial.

Censura con firma judicial

El juez Alejandro Patricio Maraniello dictó un fallo exprés que prohíbe la difusión de los audios grabados en Casa Rosada. La orden es tan amplia como ridícula: alcanza a medios, redes sociales y plataformas digitales. 

El argumento: la libertad de expresión debe ceder ante “el daño irreparable” que podría ocasionar la difusión. La paradoja es evidente: el magistrado no conoce el contenido de los audios, pero anticipa el daño que podrían causar. Una censura preventiva en estado puro, prohibida por la Constitución.

No se trata de un error técnico, sino de una jugada política. 

El fallo da aire a un gobierno acorralado y refuerza la idea de blindar a Karina Milei, convertida en jefa real del dispositivo oficial. La hermana presidencial, en lugar de dar explicaciones, se esconde detrás de un juez que carga con nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco por acoso sexual contra empleadas. El blindaje, así, queda en manos de un magistrado cuestionado que debería estar rindiendo cuentas él mismo.

Bullrich en modo delirio

Como si no alcanzara con el fallo, la ministra Patricia Bullrich decidió sumar pólvora: presentó una denuncia penal pidiendo allanamientos a periodistas, secuestro de servidores y dispositivos electrónicos. Y para condimentar, deslizó una delirante teoría que mezcla servicios rusos, agentes venezolanos, el Tren de Aragua y kirchneristas conspirando en la Casa Rosada.

El libreto es tan inverosímil como peligroso. En un país con historia de persecución política y espionaje ilegal, pedir que la Justicia allane medios y confisque archivos es una línea roja. La ministra, que en los 70 militó en la izquierda peronista y en democracia se recicló mil veces, ahora se coloca como policía del pensamiento: periodistas convertidos en enemigos internos, acusados de “operar en sentido de una elección”.

La denuncia recayó en el juzgado de Julián Ercolini, que todavía no tomó medidas, pero en los pasillos judiciales se habla de posibles allanamientos. El gobierno pide avanzar sobre Jorge Rial, Mauro Federico, Franco Bindi y Pablo Toviggino, acusándolos de participar en la difusión. El mensaje es claro: si investigás a Karina, vas preso.

La doble vara del poder

El contraste es obsceno. Mientras los audios que comprometen a la Secretaría General de la Presidencia reciben blindaje judicial, el gobierno no separa ni investiga a los funcionarios mencionados. La vara es implacable con los periodistas y liviana con los propios. La Rosada habla de “operación de inteligencia ilegal” pero se olvida de explicar qué hacían Karina y Spagnuolo en esas grabaciones.

La censura previa no es un recurso administrativo: es un retroceso institucional. La Constitución argentina, desde 1853, prohíbe expresamente que un juez impida la difusión de información. El remedio siempre es posterior: si hay calumnias, se litiga después. Aquí se invierte la lógica: primero se prohíbe hablar, después se verá qué se dijo. Una muestra brutal de miedo político.

El oficialismo, además, usa el escándalo para victimizarse. 

Vocería de Presidencia habló de “un ataque planificado para condicionar las elecciones legislativas” y responsabilizó a periodistas, empresarios de medios y operadores judiciales. La paranoia se completa con el argumento de “influencias extranjeras” que vendrían a desestabilizar. La ministra Arietto, en línea, pidió citar a periodistas para que entreguen sus fuentes, ignorando que la Constitución protege esa confidencialidad.

Torre fulminada

La crisis por los audios desnuda la fragilidad del dispositivo libertario. El gobierno, en lugar de aceptar el costo político y ordenar la interna, optó por dinamitar la institucionalidad. La Rosada consiguió lo impensable: un juez que censura preventivamente y una ministra que persigue periodistas. El resultado es un cuadro de régimen descompuesto, donde la obsesión por blindar a Karina Milei pesa más que el respeto por la libertad de prensa.

La imagen es clara: una torre fulminada por un rayo. Milei aparece como un presidente reducido a vocero de su hermana, blindada por un juez con denuncias de acoso y defendida por una ministra que habla de rusos y venezolanos. La desesperación es el lenguaje de un poder que perdió reflejos. Y cuando un gobierno empieza a confundir periodismo con terrorismo, la historia argentina nos recuerda siempre lo mismo: lo que se incendia no son los audios, sino la democracia.

El juez que blindó a Karina denunciado por acoso sexual

El fallo exprés que prohibió difundir los audios de Karina Milei lleva la firma del juez civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello, un magistrado envuelto en su propia tormenta: acumula nueve expedientes en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellos por acoso sexual contra empleadas de su juzgado.

Las denuncias describen un patrón de hostigamiento: mensajes por redes sociales, comentarios sobre la vestimenta, acercamientos físicos no consentidos y represalias laborales ante la negativa. 

Una de las empleadas relató que, a menos de una semana de ingresar, fue hostigada hasta aceptar un encuentro fuera del ámbito laboral donde sufrió tocamientos y besos forzados. Luego, según su testimonio, se vio presionada a mantener relaciones sexuales para terminar con el acoso.

Otra trabajadora contó haber recibido miradas y comentarios impropios que la llevaron a medicarse y a tener ideas suicidas antes de animarse a denunciar en la Unidad de Bienestar Laboral. El gremio judicial Aefpjn celebró en 2024 que se dispusiera una consigna policial en el juzgado para resguardar al personal, un hecho inédito por tratarse de un ámbito laboral del Poder Judicial.

El procedimiento disciplinario lo obliga a presentar descargos, pruebas y defensa, aunque el juez mantiene activa una página personal donde exhibe premios y un extenso currículum con más de veinte libros publicados. Entre los cargos que enfrenta también figuran abuso de poder, maltrato laboral e incumplimiento de normas administrativas.

Así, el mismo magistrado cuestionado por conductas de violencia de género y uso indebido de recursos públicos es quien resolvió blindar a la hermana del Presidente con una medida de censura previa que la Constitución prohíbe desde 1853.

Karina Milei no puede ser denunciada. La situación del hermano no resiste.

El gobierno consiguió un fallo de censura previa inconstitucional que protege a Karina Milei y vulnera la libertad de expresión.