La deuda social en los barrios populares
Criar a un hijo en la Argentina de hoy se convirtió en un desafío que muchos hogares sienten como imposible. Según el último cálculo del INDEC, en agosto una familia necesitó entre $432.161 y $542.183 al mes para cubrir los gastos básicos de un niño de 0 a 12 años. La cifra varía según la edad: los menores de un año cuestan menos en bienes pero más en cuidados; los de entre 6 y 12 años, en cambio, requieren la canasta más alta.
La composición del gasto refleja la tensión cotidiana: más del 60% corresponde al tiempo de cuidado —una tarea invisibilizada que el organismo valora con el salario de trabajadoras de casas particulares— y el resto a bienes y servicios como alimentos, vestimenta, vivienda, transporte y salud. Así, la economía de la crianza no es solo un número frío: es la foto de miles de familias que estiran salarios, se endeudan o recurren a changas para sostener la mesa.
Barrios populares: la precariedad como norma
El costo de criar se agrava cuando se cruza con otra realidad: más de 5 millones de personas viven en los 6.000 barrios populares del país sin acceso pleno a servicios básicos. Allí, el 50% se conecta al agua de manera informal, el 63% a la electricidad de forma precaria y el 90% cocina con garrafa. El acceso a internet, vital para la educación y el trabajo, solo llega por celular en un 36% de los hogares.
Los riesgos son múltiples: facturas más caras, mayor exposición a accidentes y menos oportunidades. A eso se suma el freno de políticas de integración urbana y la desarticulación de programas comunitarios, que deja a las organizaciones sociales sin herramientas para contener.
Subsidios para arriba, exclusión para abajo
Mientras los datos muestran precariedad estructural en los barrios, el Gobierno decidió restablecer subsidios a la luz y el gas para sectores de altos ingresos. La medida, reconocida por el propio secretario de Energía, Daniel González, implica que familias de altos recursos vuelvan a recibir beneficios que se habían quitado en 2024. El contraste es brutal: los que tienen todo reciben alivio, los que no tienen ni agua siguen esperando soluciones.
En la práctica, la política económica sostiene el consumo de los sectores privilegiados mientras posterga la inversión en infraestructura básica para los más vulnerables. Es el reverso de la canasta de crianza: se habla de responsabilidad fiscal, pero los hogares populares pagan con precariedad los costos del ajuste.
La combinación de una crianza cada vez más cara y servicios básicos cada vez más precarios expone el núcleo de la desigualdad argentina. El INDEC pone cifras a lo que ya se sabe en los barrios: criar cuesta medio millón de pesos, pero millones de familias no tienen garantizado ni el agua segura ni la electricidad estable para hacerlo.
La pregunta es cómo se proyecta un país cuando criar a un hijo es un lujo y los barrios populares siguen desconectados de derechos básicos. No se trata solo de estadísticas: son infancias que crecen sin certezas, padres y madres que hacen malabares y un Estado que parece mirar para otro lado.
