El jueves por la mañana, mientras la agenda política giraba alrededor de la reforma laboral y los mercados, otro escenario volvía a abrir sus luces: el juicio oral por la causa Cuadernos. Detrás de las pantallas de Zoom del Tribunal Oral Federal N°7, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y 86 imputados comenzaron a ser juzgados por una presunta trama de sobornos en la adjudicación de obra pública.
Siete años después de los allanamientos, los arrepentidos y los titulares en cadena, la causa que simbolizó la caída del kirchnerismo entra en su etapa decisiva. Lo que se juega ya no es sólo la responsabilidad penal de sus protagonistas: es la validación o el descrédito definitivo de un relato político.
El expediente es monumental. Lo integran 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos choferes. Nació de los cuadernos del chofer Oscar Centeno y se expandió como un mapa de favores, pagos y lealtades cruzadas. El fiscal Carlos Stornelli la elevó a juicio en 2019. Hoy, la fiscal Fabiana León la presenta como “la investigación de corrupción más extensa de la historia judicial argentina”.
El proceso será virtual, con audiencias semanales hasta fin de año y transmisión parcial por YouTube. La escena es menos cinematográfica que la del 2018, pero igual de cargada de simbolismo. Cristina ya no es presidenta ni senadora; es una figura en retirada, observada por una Justicia que también busca su propio resarcimiento histórico.
El cambio de contexto político no pasa desapercibido. Con Javier Milei en el poder y el peronismo fragmentado, el juicio encuentra un terreno más frío, menos emocional. La épica de la “persecución judicial” ya no moviliza multitudes. Y en la Casa Rosada, nadie pretende intervenir: el Gobierno libertario necesita que la Justicia funcione como espectáculo de orden.
Entre los imputados aparecen nombres que alguna vez definieron la economía argentina: José López, Julio De Vido, Claudio Uberti, Carlos Wagner, Aldo Roggio, Cristóbal López. Todos parte de una maquinaria que mezcló Estado, empresas y militancia bajo un mismo combustible: la obra pública.
La defensa de Cristina insiste en que el caso es una operación mediático-judicial. Pero dentro del peronismo ya nadie espera absoluciones políticas. La prioridad es que el daño no se proyecte sobre las gobernaciones ni sobre el Congreso. La mayoría entiende que el kirchnerismo ya pagó su costo simbólico y que ahora el proceso judicial avanza por inercia institucional.
En la justicia federal, en cambio, hay otro clima. Nadie quiere ser recordado como quien frenó el expediente que prometía limpiar el sistema. Los jueces saben que la opinión pública no sigue los tecnicismos del Código Penal, pero sí reconoce el olor del poder cuando entra a tribunales.
El juicio recién empieza y llevará meses, tal vez años. Pero su significado ya está escrito: Cuadernos es la escena final de una historia que el país conoció de memoria y eligió olvidar. El poder, cuando se apaga, siempre vuelve por la puerta de los tribunales.
