Caso Libra: la Justicia blindó la investigación

El juez Marcelo Martínez De Giorgi volvió a blindar la causa Libra, el expediente más incómodo para la Casa Rosada, al negar el acceso a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. La decisión tiene una justificación técnica —la investigación es secreta para terceros, se están tomando pruebas sensibles—, pero un efecto político inmediato: el Congreso queda fuera del caso que involucra al Presidente y a su entorno directo.

El magistrado fue explícito: la causa “solo es pública para las partes”. Traducido: los legisladores pueden mirar desde la puerta. Detrás, las pruebas corren bajo reserva y los teléfonos peritados siguen en análisis. La resolución cita una frase que, en los pasillos de Tribunales, funciona como una declaración de principios:

La Comisión $Libra, creada en Diputados y presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), buscaba un “acceso irrestricto” al expediente. El objetivo político era claro: conocer las medidas de prueba y el grado de responsabilidad del Presidente y su hermana en el salto especulativo del token Libra, que pasó de 0,01 a 5 dólares en pocas horas tras un tuit de Milei. Luego vino la caída, las pérdidas y el clásico reparto argentino de roles: algunos retiraron millones, otros se quedaron mirando la pantalla vacía.

El hilo fino: negocios, política y jurisdicción

El caso Libra comenzó como un capítulo menor del evangelio cripto y terminó cruzando los cables de la política nacional. Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, empresarios vinculados al evento Tech Forum donde Milei habló, aparecen en el centro del circuito financiero del token. A ellos también alcanzó el pedido de detención de la querella, que los acusó de vaciar cajas de seguridad, borrar pruebas informáticas y transferir fondos pese al embargo.

Martínez De Giorgi los mantuvo en libertad. Argumentó que las medidas cautelares vigentes —embargos, congelamiento de cuentas y prohibición de salida— son suficientes. Los dos “tienen bienes en el país y estuvieron siempre a derecho”. En términos procesales, no hay riesgo de fuga. En términos políticos, no hay voluntad de un escándalo mayor.

El magistrado sabe que cada paso tiene doble lectura. Un movimiento brusco podría dinamitar la relación con un Ejecutivo que convive con la Justicia en un equilibrio tenso: necesitan ordenarse mutuamente, pero sin tocarse. Milei no nombró jueces, pero marca la agenda judicial desde el discurso; los jueces, por su parte, saben que una decisión inoportuna puede volverse un misil mediático.

Un poder que se investiga a sí mismo

La causa Libra se convirtió en el laboratorio perfecto para estudiar cómo el sistema político administra su propio riesgo. La Justicia protege su jurisdicción, el Congreso defiende su derecho a controlar, y el Ejecutivo observa en silencio. Cada uno cuida su parcela. Nadie cruza la línea.

En la superficie, es un expediente sobre una criptomoneda; en el fondo, es una disputa sobre quién puede mirar los secretos del poder.

El juez blinda la causa porque la ley lo ampara, pero también porque el sistema se protege. Las comisiones parlamentarias exigen transparencia sabiendo que, si estuvieran en el gobierno, pedirían lo mismo que Martínez De Giorgi: “reserva absoluta”.

El caso seguirá, tal vez durante años, hasta que las criptomonedas pierdan interés o aparezca un nuevo escándalo que lo tape. Pero quedará la escena: un tuit, una suba de cinco mil por ciento, cien millones en fuga y un expediente blindado.

En la Argentina del realismo político, la transparencia no fracasa: simplemente se pospone.