Reforma laboral: el oficialismo ya se siente con los votos

El Gobierno acelera su ofensiva laboral

En Balcarce 50 ya no se preguntan si habrá reforma laboral, sino con qué margen y a qué costo. La orden es tener el proyecto listo para el 15 de diciembre, justo cuando asume la nueva composición del Congreso. La jugada no es casual: el oficialismo siente el viento a favor, leyó los números, tomó el pulso a los gobernadores y salió a operar con la tranquilidad de quien cree haber hilvanado una mayoría. No holgada, pero sí suficiente para empujar la flexibilización más profunda desde los noventa.

La estrategia es clásica de manual: propuesta de máxima, filtraciones quirúrgicas y negociación de recortes para construir un consenso a medida. Como si el ajuste en cuotas fuera más amable. Martín Rapallini ya dejó entrever que la UIA trabaja con los equipos técnicos del Gobierno y que el texto circula entre empresarios como quien revisa un borrador que le gusta, pero quiere “retocar”. El ánimo general, en los pasillos corporativos, es simple: si esta es la ventana para reformar, que no se cierre sin resultados.

Detrás del hermetismo público, el Gobierno proyecta un mapa donde gobernadores aliados, sectores del radicalismo y una franja “cooperante” peronista son piezas que empiezan a alinearse. La política, cuando se ordena por incentivos, tiene menos misterio del que se cree. Y Milei lo sabe: esta batalla no se gana con épica, se gana con contabilidad.

El experimento Vaca Muerta como faro y la CGT como obstáculo

Diego Santilli fue el que dijo en voz alta lo que en el gabinete se murmuraba: la reforma se inspira en el convenio petrolero de Vaca Muerta, ese acuerdo que en 2017 reorganizó turnos, recortó equipos y eliminó las horas taxi. Para el Gobierno, ese modelo es la prueba de que con un marco más “flexible”, la inversión aparece y el empleo crece. Como si un yacimiento de escala global fuera intercambiable con cualquier actividad del país.

El mensaje de Santilli es astuto: “No vamos contra los derechos de los formales, vamos a darle derechos a los informales”. La frase suena noble, pero detrás esconde el corazón del proyecto: legalizar lo que hoy es precarización y hacer del mérito un dispositivo de ajuste permanente. El salario dinámico, los pagos no remunerativos, el banco de horas y la posibilidad de jornadas de 12 horas son la columna vertebral de un nuevo régimen donde el trabajador deja de ser sujeto protegido para convertirse en variable de ajuste productivo.

La reforma también incluye reemplazar convenios colectivos por acuerdos de empresa, fragmentar la negociación, habilitar vacaciones fraccionadas y flexibilizar condiciones sin necesidad de un conflicto abierto. Una reescritura silenciosa y sin foto sindical.

La CGT lo leyó rápido. Lo llamó por su nombre: la revancha del DNU 70. Y prepara respuesta. No es casual que Gerardo Martínez, uno de los hombres más moderados del arco sindical, haya sido el primero en advertir que el acuerdo comercial con Estados Unidos obliga a respetar estándares de la OIT que chocan con varios artículos del borrador. La tensión promete escalar: si el Gobierno cruza ciertos límites, el sindicalismo convocará a una guerra abierta… y esta vez no la ocultarán detrás de comunicados.

Los puntos calientes: indemnizaciones, huelga y poder sindical

Los núcleos duros de la reforma ya generaron alarma. El reemplazo de la indemnización por un fondo de cese administrado financieramente por el Estado es una vieja aspiración empresaria que vuelve con otra estética. Los topes salariales y la reducción en prestaciones por enfermedad completan un combo pensado para bajar costos laborales, no para mejorar la formalización. Ottaviano ya lo anticipó: cuando se aplicó parte de esto en la Ley Bases, no hubo ni mayor empleo ni menor litigiosidad. Hubo rotación, precarización y un espejismo estadístico.

El capítulo huelga es el otro epicentro del conflicto. La ampliación de los servicios esenciales y el piso obligatorio del 75 por ciento de cobertura en paros del sector crítico convierte el derecho a huelga en un gesto simbólico. La CGT señala que el esquema es más restrictivo que lo permitido internacionalmente, y que el Gobierno apunta a disciplinar gremios fuertes como transporte, energía, salud y educación.

La limitación de la ultractividad, la caída de cuotas solidarias, el empoderamiento de convenios por empresa y la tipificación ampliada de bloqueos sindicales son dinamita sobre la mesa de negociación. El Gobierno sabe que, tocando el financiamiento gremial, puede quebrar el espinazo de varias estructuras. Pero también sabe que si empuja demasiado, incendia la calle.

Y acá está el dilema real: ¿quiere el Gobierno una reforma funcional o una reforma identitaria para mostrar músculo libertario? La respuesta cambiará la magnitud del conflicto.

El cierre: política en estado crudo

La Casa Rosada apuesta a que el clima económico genere el “momento” para avanzar. Confía en gobernadores necesitados de fondos, empresarios con apetito por reglas nuevas y una oposición fragmentada. La CGT, por su parte, juega su supervivencia histórica: si pierde esta batalla, pierde poder por una década. Y lo sabe.

La política argentina tiene algo de tragicomedia: todos hablan de modernización, pero nadie quiere admitir que lo que está en discusión no es el futuro del trabajo, sino el reparto del poder. El Gobierno se prepara para festejar su triunfo legislativo. La CGT, para defender su bastión. En el medio, millones de trabajadores que no fueron invitados a la mesa, pero van a pagar la cuenta.

El oficialismo puede creer que ya ganó. Pero la historia argentina tiene un principio básico: las leyes pueden votar­se en el Congreso, pero se legitiman, o no, en la calle. Y ahí, amor, la correlación de fuerzas nunca es tan obvia como en una planilla de Excel.

Santilli blanqueó el faro político: replicar el convenio petrolero de Vaca Muerta como modelo general de reforma.

La CGT anticipa guerra: ve un intento de precarización y una reedición encubierta del DNU 70.