El agua volvió a ocupar lugares que hacía años parecían seguros. En la región centro de la provincia, donde el paisaje suele mezclar campo abierto y pequeñas ciudades que viven de lo que allí se produce, la inundación dejó algo más que hectáreas cubiertas. Dejó una sensación de freno colectivo, de pausa forzada para quienes dependen del ritmo de la siembra y la cosecha.
Las imágenes satelitales tomadas entre el 11 y el 13 de noviembre muestran un mapa preocupante: casi 2 millones de hectáreas directamente inundadas y otras 3,8 millones afectadas, sin capacidad mínima para avanzar con la siembra. En Bolívar, 9 de Julio y Pehuajó la situación es crítica, pero el impacto abarca a más de una docena de municipios donde la actividad agrícola es el corazón económico.
El problema no es solo que el agua cubre el suelo. El problema es que lo deja inutilizable mucho después de retirarse. Donde parece seco, la tierra sigue barrosa, compactada y sin oxígeno. Los productores lo describen como intentar sembrar sobre una esponja saturada. No hay maquinaria que aguante, no hay semilla que prenda y no hay ventana de tiempo que se estire.
Una crisis productiva
El mapa de hectáreas improductivas se traduce en otra cosa: un freno profundo al circuito económico que sostiene la vida cotidiana de los pueblos bonaerenses. Cuando los campos no producen, el impacto no se queda en los alambrados. Se detiene el trabajo de contratistas y transportistas, cae el movimiento en talleres mecánicos, se paraliza el flujo de proveedores y se siente, casi de inmediato, en los comercios y las pymes locales.
La estimación es concreta. Si no se siembran las superficies previstas de soja y maíz, el país perdería alrededor de 2 mil millones de dólares en 2026. Un golpe que no solo afecta al productor rural. También golpea a los tres niveles del Estado y a miles de familias que dependen de cada etapa de la cadena productiva. Por eso la frase que circula en la zona es sencilla: cuando el campo se apaga, el pueblo se apaga.
La discusión de fondo no es técnica. No se trata de pedir tecnologías imposibles ni soluciones futuristas. Se trata de obras hidráulicas básicas: canales, puentes, dragados y mantenimiento sostenido. Obras que existen en los planos, que tienen equipos disponibles y que llevan años esperando una decisión política que las priorice.
El Plan Maestro del Río Salado es la columna vertebral de esa discusión. Terminarlo antes de 2030 no es un slogan. Es una urgencia moral y productiva en una provincia que necesita previsibilidad hídrica para sostener la vida económica de su interior.
En cada crisis hídrica, las imágenes muestran campos anegados y rutas cortadas. Pero detrás de esas fotos hay algo más profundo: comunidades enteras que hacen equilibrio entre el presente y el futuro. La provincia necesita obras que estén a la altura de su gente, de sus productores y de los pueblos que dependen del ciclo agrícola para seguir moviéndose. La resiliencia ya está puesta. Ahora falta que el agua deje de ser una amenaza y vuelva a ser parte de la vida, no de la emergencia.
