El experimento económico del oficialismo tenía una premisa sencilla. Si el dólar se mantiene planchado, si las importaciones inundan las góndolas y si el consumo se derrumba por la recesión, los precios deberían estabilizarse. La narrativa prometía una economía “liberada” de shocks. La realidad, medida semana a semana en supermercados grandes y en almacenes barriales, mostró lo contrario.
En los últimos treinta días, los alimentos subieron aún más rápido que en cualquier tramo del año. Las cadenas relevaron remarcaciones promedio del 1 por ciento mensual, con picos del 8 y un aumento de carne que alcanzó el 35 por ciento en menos de un mes. Lácteos, infusiones, gaseosas y panificados repitieron la secuencia: listas nuevas, bonificaciones mínimas y márgenes ajustados a fuerza de precio, no de volumen.
La paradoja económica se explica sin metáforas. La industria alimentaria está vendiendo menos que hace una década. Los costos fijos subieron por tarifas, combustibles e impuestos. Sin demanda que absorba cantidades, la rentabilidad solo aparece por precios. Los fabricantes no lo ocultan: producen poco y caro, sosteniendo estructuras que quedaron por encima de los ingresos populares. El resultado es una inflación que desmiente la hipótesis oficial de que todo es emisión.
La apertura importadora tampoco trajo alivio. Ingresaron decenas de miles de productos con aranceles reducidos, pero no hubo efecto disciplinador sobre los precios locales. El argumento libertario de la “competencia perfecta” chocó con la estructura real del mercado argentino, donde la formación de precios no responde siempre a costos ni a rivalidad externa. La mercadería importada convivió con aumentos domésticos, sin que las góndolas registraran una caída generalizada de valores.
Tarifas, ingresos y pobreza laboral
Mientras las remarcaciones se aceleran, el poder adquisitivo cae en picada. Según el Instituto Gino Germani, siete de cada diez trabajadores perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza. El 72 por ciento cobra menos de un millón de pesos, cuando la canasta básica supera los 1,2 millones. En simultáneo, la estructura laboral se precarizó: cayó el empleo formal, subió la informalidad y el pluriempleo ya alcanza al 12 por ciento de los ocupados.
Este deterioro no surgió de un repentino cambio cultural sino de una ecuación simple: los costos fijos familiares se dispararon mucho más rápido que los salarios. Desde el inicio del gobierno, el gas subió 617 por ciento, la luz 344 por ciento y el transporte más de 900 por ciento. En ese mismo tramo, los salarios crecieron 229 por ciento. La proporción de ingresos destinada a servicios pasó del 4 al 11 por ciento. Y no se trata solo de energía. También crecieron alquileres, prepagas y educación.
Los almaceneros describen la escena cotidiana mejor que cualquier informe. El sueldo llega, primero se pagan los servicios y recién después se compra comida. Muchos gastos del hogar pasaron a financiarse con tarjeta, incluso alimentos. Lo que en la macro aparece como “recesión por caída del consumo” es, en la vida diaria, la incapacidad de sostener la canasta básica bajo un régimen de tarifas internacionales con ingresos en pesos licuados.
Las consultoras privadas confirman este cuadro con precisión quirúrgica. Analytica registró una suba semanal del 1 por ciento en diciembre y un promedio mensual del 2,8 en alimentos. LCG detectó una aceleración hacia 4 por ciento mensual. Econviews y Eco Go proyectaron entre 2,5 y 3 por ciento para el IPC general de noviembre, con alimentos por encima del promedio. Equilibra estimó aumentos en regulados del 3,3 y en núcleo del 2,4. Ninguna medición muestra desaceleración real.
La carne, que condensa la sensibilidad inflacionaria del hogar argentino, volvió a ser protagonista. Subió casi 4 por ciento según las consultoras y 35 por ciento según carniceros. La comida se complica.
