Crisis y tractorazos ruralistas: Europa judicializa acuerdo con MERCOSUR

Acuerdo bajo revisión y tensión política en Europa

El Parlamento Europeo remitió el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que la corte revise su compatibilidad con los tratados comunitarios. En términos prácticos, esto supone la paralización de su proceso de ratificación hasta que los jueces dicten su conclusión, y podría retrasar la entrada en vigor del pacto hasta dos años.

El pacto se firmó este sábado después de 26 años de negociación. Tras la firma, comenzó el proceso de ratificación parlamentaria. La Comisión Europea optó por una estructura jurídica que permite que la parte relativa al libre comercio avance con mayor rapidez, ya que su ratificación resulta más ágil, si bien no fácil. Dado que la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea, solo se requiere el consentimiento del Parlamento Europeo para la conclusión de este acuerdo interino.

El procedimiento para la ratificación del acuerdo de asociación completo se presenta más complejo, ya que incluye disposiciones políticas que obligan a su aprobación por los Parlamentos nacionales de los veintisiete Estados miembros. El acuerdo de asociación entrará en vigor plenamente una vez que todos los Estados miembros de la UE y los países del Mercosur hayan completado sus respectivos procesos de ratificación, momento en que reemplazará al acuerdo comercial interino.

Hoy miércoles, 21 de enero, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a una moción que cuestiona si el acuerdo, recién firmado, respeta los tratados de la Unión Europea. La moción se ha aprobado con 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones. Una segunda iniciativa similar, presentada por la ultraderecha de Patriotas por Europa, no prosperó: obtuvo 225 votos a favor, 402 en contra y 13 abstenciones. Esta decisión llega apenas cuatro días después de la firma del acuerdo, celebrada este sábado en el teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay, lugar de nacimiento del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Con esta decisión, el TJUE deberá analizar la base jurídica tanto del acuerdo de asociación (EMPA) como del acuerdo interino comercial (ACI), cuya competencia recae exclusivamente en la Unión Europea. La Eurocámara esperará el dictamen del tribunal antes de someter el acuerdo a votación en el pleno, aunque los eurodiputados pueden continuar con el análisis del texto.

Pese a que este paso suspende el proceso de ratificación, la Comisión Europea puede avanzar con la aplicación provisional de la parte comercial si al menos un país del Mercosur completa su proceso de adopción. Entre los aspectos que la Eurocámara solicitará aclarar al Tribunal de Luxemburgo figura el mecanismo de reequilibrio, que permite a los países de Mercosur impugnar la legislación europea que consideren perjudicial para sus exportaciones, lo que ha generado dudas entre los eurodiputados sobre una posible colisión con la autonomía reguladora y los Tratados de la UE.

También se cuestionan los poderes de la Comisión Europea para dividir el acuerdo en dos partes - una política y de cooperación, y otra comercial -, ya que consideran que esta estrategia facilitó la firma, dado que la parte comercial solo requiere ratificación europea para entrar en vigor provisionalmente. En otras palabras: se pone en duda la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto - con potencial, para varios diputados, de afectar a la autonomía regulatoria de la Unión Europea -; así como la base legal elegida para su aprobación, que permite la ratificación de los capítulos del acuerdo relacionados con el comercio sin requerir la aprobación de los parlamentos nacionales.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estima que este tipo de dictámenes suelen demorarse entre 18 y 24 meses. No obstante, el tribunal señala que “tiene el control total” sobre los procedimientos y “puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica”.

Algunas voces del Parlamento Europeo habían anticipado que la votación sería muy ajustada y desaconsejaron retrasar la ratificación del acuerdo mediante el envío del texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en un contexto marcado por las amenazas arancelarias de Donald Trump tras el despliegue de tropas en Groenlandia por parte de ocho países europeos.

Bajo el tractorazo de los chacareros europeos

Miles de agricultores europeos bloquearon el centro de Bruselas con tractores para protestar contra lo que consideran un recorte del presupuesto de la PAC y contra la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur. Estas movilizaciones coincidieron con una cumbre de líderes europeos, subrayando la capacidad del movimiento agrario para influir en la agenda política comunitaria.

Organizaciones agrarias, como la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), denunciaban que la propuesta del Marco Financiero Plurianual para 2028-2034 implicaría una reducción significativa de los fondos dedicados a las ayudas directas y al desarrollo rural, lo que, según sus representantes, pone en riesgo la seguridad alimentaria y la cohesión territorial en Europa.

Es que el grado de tecnificación del agro del MERCOSUR arrasa con los costos de los chacareros europeos , al parecer el libre mercado es una mentira.

Tras más de 25 años de negociaciones, la Unión Europea y el Mercosur firmaron un acuerdo que elimina aranceles a más del 90% del comercio bilateral y crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo.

El pacto favorece las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y licores hacia Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; a cambio, facilita el ingreso a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos.

Según estimaciones citadas por AFP, las exportaciones de la UE al Mercosur podrían crecer un 39%, mientras que las ventas del Mercosur al bloque europeo aumentarían un 17%. La revisión del Tribunal de Justicia, sin embargo, introduce incertidumbre temporal sobre el calendario de implementación definitiva.