La Argentina tiene Vaca Muerta, reservas de gas de escala mundial y un discurso oficial que repite la promesa de convertir al país en potencia energética. Pero este invierno volvió a mostrar una paradoja incómoda: hay industrias que frenan líneas de producción porque no tienen gas competitivo para trabajar. No falta recurso bajo tierra. Falta infraestructura, planificación y una decisión política que hoy dejó al sector productivo pagando la cuenta más pesada de la crisis energética.
El problema se concentra en los meses de mayor consumo. Con los hogares demandando más gas por la ola de frío, el Gobierno resolvió priorizar el abastecimiento residencial con gas local más barato y trasladar a la industria el costo del combustible importado. Para muchas empresas, incluso aquellas con contratos firmes, el escenario se volvió explosivo: consumir puede implicar multas, comprar GNL importado supone pagar valores mucho más altos y frenar producción significa perder ventas, turnos y previsibilidad.
El costo del invierno cae sobre las fábricas
El salto del gas natural licuado cambió toda la ecuación. El precio internacional pasó de alrededor de US$11 a valores cercanos a US$23 o US$26 por millón de BTU, impulsado por la tensión en Medio Oriente. Frente a ese aumento, el Gobierno decidió no absorber el sobrecosto mediante subsidios, por falta de margen fiscal y por el riesgo político de trasladarlo a los hogares.
La consecuencia fue directa. Las industrias que venían pagando gas local en torno a US$4,5 por millón de BTU se encontraron con alternativas muy superiores: comprar importado a precios internacionales o exponerse a penalidades que en algunos casos pueden trepar a niveles aún más altos. En términos simples: producir cuesta mucho más justo cuando la actividad todavía no termina de recuperarse.
Según planteos de la Unión Industrial Argentina, al menos una de cada dos empresas evalúa reducir su actividad durante julio porque no puede absorber el incremento del costo energético. Los rubros más afectados son aquellos intensivos en gas, como cerámica, ladrillos e insumos para la construcción, donde apagar o ralentizar una línea no es una decisión menor.
La UIA propuso repartir el sobrecosto entre toda la demanda o que el Estado cubriera una parte de la diferencia entre el gas importado y el valor local. Una alternativa elevada al Ministerio de Economía estimaba un costo fiscal de US$130 millones para atravesar junio, julio y parte de agosto. La respuesta oficial fue negativa.
Desde el Gobierno argumentan que el país no puede volver a financiar subsidios generalizados y que la industria debe afrontar el precio real de la energía. También sostienen que el problema debería aliviarse en 2027 con la ampliación del gasoducto Perito Moreno, obra clave para reducir la dependencia del GNL importado.
El diagnóstico técnico tiene una parte cierta. Argentina necesita ampliar transporte para que el gas de Vaca Muerta llegue donde se consume. Pero la discusión política aparece en el reparto del costo. Si el sistema energético no llega a cubrir el pico invernal, alguien paga la diferencia. Este año, la decisión fue que la pague la industria.
El conflicto también empieza a tener una derivación judicial. Empresas afectadas analizan reclamar por cortes o restricciones aplicadas incluso sobre contratos firmes, lo que abre una discusión sobre seguridad jurídica, cumplimiento de acuerdos y reglas de mercado.
A eso se suma la electricidad. Cammesa había proyectado para mayo un valor de US$65 por MWh, pero terminó en torno a US$105. En junio, el precio saltó a US$142 por el mayor uso de combustibles líquidos importados para generar energía ante la escasez de gas. Para las fábricas, entonces, el golpe viene por partida doble: gas más caro y luz más cara.
