Con casi seis millones de personas en mora prolongada, pidió regulación sobre un mercado donde la facilidad para obtener dinero contrasta con costos capaces de volver impagable una deuda.
El economista Nicolás Litvinoff, director de estudinero.org, puso el problema en esos términos y reclamó una intervención estatal frente al crecimiento del crédito caro y la morosidad. Su planteo discute directamente la tesis oficial de que se trata de una relación estrictamente privada entre prestamista y deudor.
Para que esa idea funcione debería existir cierta igualdad de información y capacidad de negociación entre ambas partes. Eso difícilmente ocurra cuando de un lado existe una plataforma que calcula riesgo, tasa y rentabilidad y, del otro, una persona que recibe en el teléfono una oferta inmediata de dinero.
El cambio tecnológico modificó además la puerta de entrada al endeudamiento. El viejo préstamo bancario exigía recibos de sueldo, antigüedad, documentación y una evaluación previa. Ese mecanismo dejaba afuera a millones, pero también funcionaba como límite. Hoy una aplicación puede ofrecer $500.000 o $1 millón prácticamente desde la pantalla de inicio.
La inclusión financiera resolvió así una barrera y creó otra: nunca fue tan sencillo acceder al crédito y, para determinados perfiles, nunca resultó tan caro sostenerlo.
Litvinoff advirtió sobre casos con tasas que pueden alcanzar el 29.000% anual. Una cifra semejante no describe el costo habitual de todo el mercado ni puede generalizarse a cualquier billetera o préstamo, pero sirve para iluminar el extremo de un sistema donde el precio del dinero puede separarse brutalmente de la capacidad de repago de quien lo toma.
Cuando el riesgo termina adentro de la tasa
Las empresas tienen una explicación económica: cuanto mayor es la probabilidad de incumplimiento, mayor es la tasa necesaria para compensar ese riesgo. Si la mora alcanza niveles cercanos al 30% en determinadas carteras, el prestamista incorpora esa posibilidad al precio.
El razonamiento financiero es reconocible. El problema aparece cuando la cobertura del riesgo encarece tanto el crédito que termina aumentando, a su vez, la probabilidad de que el cliente no pueda pagarlo.
Ahí se forma el círculo vicioso. El deudor riesgoso recibe dinero caro porque puede caer en mora y luego enfrenta una cuota más pesada precisamente porque fue clasificado como riesgoso. Si además utiliza un nuevo crédito para cancelar el anterior, financiar alimentos, cubrir alquileres o sostener gastos corrientes, deja de existir crédito como puente entre dos momentos del ingreso. Aparece la deuda como sustituto del ingreso que falta.
La desaceleración inflacionaria agrega otra dificultad. Durante años muchos consumidores aprendieron que una cuota fija podía licuarse con aumentos nominales de salarios y precios. Con una inflación menor, esa mecánica pierde fuerza. La deuda permanece y la cuota deja de achicarse rápidamente en términos reales. El cambio puede ser saludable para una economía estabilizada, pero castiga al que tomó decisiones financieras mirando por el espejo retrovisor de una Argentina inflacionaria.
Por eso la intervención estatal no necesariamente implica fijar arbitrariamente el precio de cada préstamo ni prohibir el crédito digital. Hay un terreno previo: información comprensible sobre el costo financiero total, reglas para la oferta automática de préstamos, evaluación responsable de la capacidad de pago, límites frente a prácticas abusivas y herramientas para impedir que una refinanciación se transforme en otra vuelta de la misma calesita.
También existe una responsabilidad individual. Quien puede hacerlo debe conocer cuánto representan todas sus cuotas sobre sus ingresos, frenar la toma de nueva deuda cuando ya no existe capacidad de pago y evitar financiar una obligación con otra más cara. Litvinoff recomienda ordenar el flujo mensual, cortar el acceso a nuevos créditos y transparentar el problema dentro de la familia antes de que los intereses conviertan una dificultad manejable en una bola de nieve.
Pero la responsabilidad personal no elimina la responsabilidad regulatoria. Un mercado funciona mejor cuando quien vende conoce los límites de lo que puede hacer y quien compra entiende cuánto terminará pagando. La libertad contractual pierde bastante de su elegancia teórica cuando una parte dispone de algoritmos, información y especialistas y la otra necesita resolver antes del viernes cómo llega al lunes.
El fenómeno ya excede la educación financiera. Con casi seis millones de personas con atrasos prolongados, la mora adquiere escala económica y social. Son hogares que recortan consumo para pagar cuotas, comercios que pierden ventas y familias que comprometen ingresos futuros para financiar gastos que ya realizaron.
El Estado puede elegir no prestar ese dinero ni rescatar negocios mal administrados. Lo que difícilmente puede hacer es declararse espectador cuando el crédito de emergencia se vuelve parte estable del presupuesto familiar.
Porque si una tasa necesita miles de puntos porcentuales para cubrir el riesgo de prestar, quizá el problema no sea solamente cuánto cobra el acreedor ni cuánto entendió el deudor. Quizá la señal verdaderamente preocupante sea que demasiadas familias necesitan endeudarse en esas condiciones para seguir funcionando. Cuando la deuda deja de financiar el futuro y empieza a financiar el presente, la economía ya encendió una alarma que ninguna aplicación puede silenciar.
