Daniel Martínez hizo algo absolutamente cotidiano: fue a una casa de Claypole a realizar un trabajo de plomería. Meses después estaba denunciando una secuencia de golpes, amenazas y exigencias de dinero que, según su relato ante la Policía, había comenzado precisamente en aquella vivienda. Cuando la Justicia intentó volver a escucharlo, ya era tarde. El hombre, de 46 años, se había quitado la vida en su casa de Rafael Calzada.
La historia comenzó en marzo, cuando Martínez realizó una reparación por la que debía cobrar $80.000. De acuerdo con los elementos incorporados posteriormente a la causa, la mujer que lo había contratado le manifestó que no podía afrontar la totalidad y le ofreció $40.000 junto con herramientas que pertenecían a una expareja.
En abril, el plomero regresó al domicilio. Tenía pendiente cobrar parte del trabajo anterior y había sido convocado para realizar otra reparación.
Según dejó asentado después en su denuncia, dentro de aquella casa apareció la expareja de la mujer. Martínez aseguró que fue agredido físicamente, reducido y llevado hasta una cama, donde lo desnudaron y comenzaron a fotografiarlo.
Para poder salir de allí, sostuvo, terminó transfiriendo $600.000.
Pero el dinero no habría cerrado el episodio. Según denunció Martínez, antes de liberarlo también lo amenazaron: si acudía a la Policía, podían matarlo y atacar a integrantes de su familia.
El miedo había encontrado así una forma concreta de continuar incluso fuera de aquella vivienda.
Una denuncia que quedó después de su muerte
Dos meses más tarde, siempre de acuerdo con el relato que Martínez alcanzó a dejar ante las autoridades, comenzó una segunda etapa. Ya no necesitaban retenerlo físicamente. Las fotografías habrían pasado a funcionar como instrumento de presión.
En junio le reclamaron otros $500.000 bajo la amenaza de hacer llegar las imágenes a su familia. Martínez pagó. Al mes siguiente volvió a recibir una exigencia similar y transfirió otros $250.000.
Las cantidades denunciadas sumaban entonces al menos $1.350.000.
El 24 de julio habría llegado un nuevo pedido por $300.000. Esta vez Martínez no podía afrontarlo. En ese contexto intentó quitarse la vida, según surge de la reconstrucción del caso. Después de aquel episodio habló con su familia y finalmente contó lo que venía ocurriendo.
También fue a la Comisaría de Claypole.
Allí denunció las amenazas, las agresiones y la privación de su libertad. La investigación comenzó inicialmente bajo intervención de la UFI N°3 de Lomas de Zamora y el fiscal Javier Martínez dispuso que el denunciante fuera citado para ratificar judicialmente su declaración.
Los efectivos fueron entonces hasta su domicilio de Rafael Calzada. Los recibió su esposa. Daniel Martínez había muerto el día anterior.
Su muerte dejó una ausencia, pero no borró lo que había denunciado.
La investigación por los hechos anteriores continuó y la pareja señalada por Martínez quedó imputada. El expediente se encuentra ahora bajo investigación del fiscal Lorenzo Latorre, titular de la UFI N°1 de Almirante Brown. Hasta el momento, de la información disponible no surge que los acusados hayan sido detenidos.
Será la Justicia la que deberá establecer qué ocurrió dentro de aquella vivienda de Claypole y comprobar las responsabilidades individuales. Una denuncia, incluso después de la muerte de quien la realizó, debe atravesar el camino de la prueba.
Pero el caso también muestra una dimensión particularmente oscura de la extorsión. No siempre hacen falta rejas para mantener cautiva a una persona. A veces alcanza con convertir su intimidad en amenaza, sumar el miedo por la familia y volver una y otra vez por más dinero.
Martínez consiguió finalmente contar lo que decía estar padeciendo. No llegó a declarar otra vez ante el fiscal. Ahora queda su denuncia y una obligación que pertenece enteramente a la Justicia: determinar qué sucedió y conseguir que su voz no haya llegado demasiado tarde.
