Joaquín de la Torre no quiere administrar el Conurbano: quiere cambiar su naturaleza política. Después de proponer que los municipios del Gran Buenos Aires sean separados de la Provincia y convertidos en distritos federales, el exintendente de San Miguel agregó otra pieza todavía más polémica: crear una "Policía Militar del Conurbano", dependiente de Nación, formada en Campo de Mayo y preparada para intervenir en narcotráfico, inteligencia, delitos complejos y operaciones tácticas.
La propuesta tiene una coherencia interna. Si primero se presenta al Conurbano como un territorio imposible de gobernar desde La Plata, el paso siguiente es construir instituciones excepcionales para administrarlo. De la Torre propone quitarle competencias al gobernador, fortalecer policías municipales para prevención y colocar por encima una fuerza federal permanente con régimen y formación militar.
No habla de mandar ocasionalmente Gendarmería ante una crisis. Quiere una estructura específica para una región donde viven más de 12 millones de personas. "No es el Ejército prestado ni Gendarmería prestada", explicó. Precisamente ahí está el problema político: dejaría de tratarse de una asistencia federal extraordinaria para convertirse en un dispositivo permanente diseñado exclusivamente para el Gran Buenos Aires.
Del problema de seguridad al territorio excepcional
De la Torre argumenta que un gobernador no puede controlar lo que sucede en cada comisaría del Conurbano y señala que la Policía Bonaerense duplicó su personal desde 2010 sin conseguir una reducción equivalente del delito. La crítica al funcionamiento policial merece discusión. La respuesta propuesta es otra cosa.
Una policía con formación militar supone trasladar al terreno de la seguridad interior una lógica pensada alrededor de inteligencia, disciplina, operaciones tácticas y conducción vertical. El delito urbano, sin embargo, no constituye un ejército enemigo ocupando territorio. Mezcla robos, mercados ilegales, organizaciones criminales, violencia interpersonal y redes económicas que requieren investigación criminal, prevención, Justicia y control financiero.
Convertir todo eso en una cuestión de control territorial tiene una ventaja política: simplifica un problema monstruosamente complejo. Si el territorio es hostil, hace falta una fuerza especial. Si además resulta ingobernable, hay que quitarlo de la Provincia. Las dos propuestas terminan alimentándose entre sí.
Campo de Mayo tampoco aparece casualmente. De la Torre propone utilizar la mayor guarnición militar del país, ubicada junto al Conurbano Norte, para formar la nueva fuerza con participación de Gendarmería, Ejército y efectivos provenientes de la Policía Bonaerense. Según sostiene, podría instrumentarse mediante leyes del Congreso y la Legislatura sin reformar la Constitución.
Pero que una arquitectura institucional pueda escribirse en una ley no resuelve la discusión sobre su conveniencia ni los límites constitucionales que deberían analizarse. Mucho menos responde una pregunta elemental: por qué millones de bonaerenses necesitarían un régimen policial excepcional por el lugar donde viven.
Federalizar, militarizar y volver a dibujar el poder
La Policía Militar no puede analizarse separada del proyecto mayor. De la Torre propone federalizar inicialmente 24 municipios y extender el esquema hacia Pilar, Escobar, General Rodríguez e incluso Marcos Paz. Cada municipio se convertiría en distrito federal y dependería directamente del Gobierno nacional, mientras la Provincia perdería jurisdicción sobre el principal conglomerado urbano del país.
El resultado sería una transformación brutal del equilibrio político argentino. Buenos Aires perdería millones de habitantes, una enorme concentración económica y buena parte del peso electoral que históricamente convirtió al Conurbano en territorio decisivo. Nación, en cambio, ganaría una relación institucional directa con esos distritos.
Por eso presentar la iniciativa simplemente como reforma administrativa resulta insuficiente. Detrás de quién paga policías, escuelas u hospitales siempre aparece la vieja pregunta del poder: quién manda.
De la Torre parte de problemas reales. El narcotráfico existe, las policías arrastran déficits, los intendentes reclaman mayor capacidad de intervención y administrar una metrópolis fragmentada entre decenas de municipios, Provincia y Nación genera superposiciones absurdas. Pero diagnosticar problemas verdaderos no vuelve inevitable cualquier remedio.
Hay algo todavía más profundo en este discurso. El Conurbano vuelve a aparecer menos como una comunidad que debe gobernarse mejor que como una anomalía argentina que necesita ser corregida. Primero habría que separarlo de Buenos Aires. Después ponerlo bajo tutela federal. Ahora dotarlo de una policía con formación militar.
Cuando una región de doce millones de habitantes empieza a ser descripta como ingobernable, peligrosa y necesitada de instituciones excepcionales, conviene mirar más allá del uniforme. Porque detrás de la discusión sobre seguridad aparece otra bastante más antigua: quién controla el territorio donde se concentra buena parte del trabajo, la pobreza, la industria y los votos del país. De la Torre dice que quiere hacer explotar el sistema. El problema es que, en su diseño, lo que termina puesto bajo sospecha es el propio Conurbano.
