Durante años, doce mujeres entraron a un consultorio ginecológico de Burzaco buscando atención médica. Lo que ocurrió allí terminó convertido en una causa penal que atravesó denuncias, testimonios y un juicio hasta llegar ahora a una instancia decisiva: la Cámara de Casación Penal bonaerense confirmó la condena contra Diego Javier Clementi por los abusos sexuales cometidos contra sus pacientes.
La Sala V mantuvo la responsabilidad penal establecida en diciembre de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora. Hubo una modificación puntual: Casación dejó sin efecto uno de los agravantes por considerar insuficiente su fundamentación y redujo seis meses la pena. Clementi quedó condenado a 13 años y seis meses de prisión.
El médico había llegado al juicio acusado por hechos ocurridos entre 2017 y 2022 dentro del ámbito donde atendía a sus pacientes. No era una situación casual ni un encuentro fuera del consultorio. Las mujeres habían acudido buscando asistencia ginecológica y los abusos, según quedó determinado judicialmente, se produjeron dentro de esa relación profesional.
Ese contexto atraviesa todo el caso porque explica la particular vulnerabilidad de las víctimas. Una consulta ginecológica supone intimidad corporal y confianza en quien ejerce la medicina. La frontera entre una práctica necesaria y una conducta abusiva puede resultar especialmente difícil de identificar cuando quien controla la situación es precisamente el profesional al que la paciente fue a pedir ayuda.
Clementi llegó originalmente acusado por trece casos. Uno quedó fuera del juicio porque había transcurrido el plazo legal para perseguir penalmente ese hecho. Por los restantes doce, el juez Luis Gabián lo declaró culpable.
Una condena confirmada y la prisión todavía en su casa
Durante los alegatos hubo diferencias importantes sobre el castigo. La fiscal Viviana Giorgi reclamó 15 años de prisión. Los abogados Claudia Perugino y Carlos Zimerman, representantes de la querella, solicitaron 22 años. Finalmente, la primera sentencia estableció una pena que ahora Casación redujo en seis meses.
El fallo incluyó otra decisión de enorme peso para el futuro profesional del condenado: la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina. También se dispuso la prohibición de abandonar el país y su incorporación al registro de agresores sexuales.
Pero existe un punto que inevitablemente vuelve sobre la discusión judicial: Clementi no fue enviado a una cárcel después del juicio.
La querella había solicitado su detención. El Tribunal rechazó ese pedido y ordenó que permaneciera bajo prisión domiciliaria mientras la sentencia no estuviera firme. La confirmación de Casación representa un avance sustancial de la causa, aunque todavía deberán cumplirse los pasos procesales correspondientes antes de modificar esa situación.
Por eso conviene separar dos cuestiones que suelen confundirse. Clementi ya fue condenado y Casación confirmó que es penalmente responsable por los abusos. Otra discusión es cuándo esa sentencia adquirirá firmeza definitiva y qué régimen de detención corresponderá entonces.
Para las mujeres que denunciaron, el expediente representa además años de exposición sobre hechos ocurridos precisamente en uno de los espacios donde una paciente debería sentirse protegida.
No hubo un callejón oscuro ni un desconocido esperando detrás de una esquina. El escenario fue un consultorio. Y esa diferencia vuelve al caso especialmente inquietante: el poder utilizado para cometer los abusos no provenía de un arma, sino de una matrícula, una bata y la confianza que una paciente deposita en quien debe cuidar su salud.
Casación acaba de confirmar que aquellas denuncias tenían detrás delitos concretos y doce víctimas. La Justicia necesitó años para llegar hasta acá. Para ellas, en cambio, todo había empezado mucho antes, cuando cruzaron una puerta creyendo que entraban simplemente a una consulta médica.
