Fentanilo contaminado
El miércoles no es un día más en los tribunales de La Plata. El juez federal Ernesto Kreplak recibirá los informes del Instituto Malbrán sobre los lotes de fentanilo que dejaron un tendal de 96 muertos en distintas provincias.
Se trata de las pericias que revisan los “batch records” —la historia clínica de la producción industrial— de los lotes 31202 y 31244, fabricados por HLB Pharma a través de Laboratorios Ramallo. Allí se podrá trazar con precisión dónde se rompió la cadena de controles y cómo se coló la bacteria en un medicamento destinado a pacientes críticos.
No es detalle menor: esos papeles cuentan si hubo negligencia, adulteración o simple desidia en la fabricación de un opioide de uso hospitalario. Y sobre esos datos, Kreplak decidirá el futuro judicial de 24 imputados, entre ellos Ariel García Furfaro, cara visible de la trama. El embargo de bienes y la prohibición de salida del país ya marcan que la causa va en serio. Ahora falta saber si la responsabilidad se corta en un laboratorio o si sube por la escalera del Estado.
La soga corta en la ANMAT
Como si el expediente judicial no fuera suficiente terremoto, el Gobierno nacional movió sus fichas: Mariela Andrea García, directora del área de Vigilancia Post Comercialización en la ANMAT, fue desplazada de su cargo. Oficialmente, nada tuvo que ver con el caso. Extraoficialmente, nadie cree en las coincidencias. García ocupaba el escritorio que debía detectar fallas en productos médicos ya puestos en circulación: justo el eslabón que falló en la tragedia del fentanilo.
La jugada tiene manual conocido: cortar por abajo para que el fuego no llegue a la cúpula. El ministro de Salud, Mario Lugones, reconoció demoras en la cadena de alertas, abrió un sumario interno y defendió a la directora general del organismo. Traducido: sacrifican peones para que no tiemble la reina. El problema es que las familias de las víctimas no leen el Boletín Oficial, leen la realidad: sus muertos no vuelven con expedientes administrativos.
Lo más brutal del caso es que todo estaba documentado. La ANMAT ya había producido un informe preliminar que marcaba la falta de controles bacteriológicos, certificados de esterilidad truchos o inexistentes y tiempos de elaboración fuera de norma. “Desvíos mayores”, decía el papel. Eso en la jerga técnica significa que la vida del paciente estuvo en juego. Aún así, el sistema no reaccionó hasta que las muertes se multiplicaron.
La política mira el calendario. La Justicia espera al Malbrán. El Gobierno limpia la foto en la ANMAT. Y mientras tanto, la pregunta sigue flotando: ¿cómo se llegó a que un analgésico de quirófano se transformara en arma letal? Kreplak tendrá la tarea de contestar con procesamientos o sobreseimientos. Pero la responsabilidad política ya está cantada: cuando el Estado se duerme en los controles, el costo lo paga la sociedad con sangre.
En el ajedrez de la tragedia, el oficialismo se juega a que la historia termine con un laboratorio culpable y una funcionaria desplazada. Pero la verdad incómoda es otra: la cadena de negligencias estaba completa y nadie quiso cortar el circuito a tiempo. Si la Justicia logra probarlo, no habrá sumario interno que alcance para maquillar el desastre.
