La crisis del PAMI ya amenaza a sus propios centros de salud: ¿quién paga el costo?

La crisis del PAMI dejó de ser una discusión entre prestadores y autoridades. Ahora también amenaza con cerrar una clínica que forma parte de la propia estructura de atención de la obra social. En Remedios de Escalada, jubilados y vecinos realizaron un abrazo simbólico frente a la ex Clínica Estrada, ante la posibilidad de que deje de funcionar a partir de noviembre.

El dato tiene un peso particular,el establecimiento había sido adquirido por PAMI para atender a sus afiliados en la zona sur, después de haber funcionado como centro de aislamiento durante la pandemia. La noticia del posible cierre generó preocupación entre los centros de jubilados de la zona y motivó una protesta pacífica. 

La pregunta es inevitable: ¿quién paga el costo de este deterioro? Lo pagan, en primer lugar, los jubilados que necesitan atención y que pueden encontrarse con menos alternativas cerca de sus casas. Para muchos, la distancia, las dificultades para trasladarse y la necesidad de conseguir turnos convierten el cierre de un centro de salud en un obstáculo concreto para atenderse.

También lo pagan los profesionales que sostienen las prestaciones en un sistema cada vez más exigido. Las cámaras de prestadores vienen reclamando una actualización de los valores, la regularización de los pagos y cambios en las condiciones de contratación. En su convocatoria a una suspensión nacional de servicios para el 21 y 22 de octubre, advirtieron que la situación económica compromete la continuidad de clínicas y sanatorios y repercute sobre sus trabajadores.

Cuando faltan recursos y se acumulan las dificultades para sostener la atención, el desgaste también recae sobre médicos y equipos de salud. Son quienes deben responder a una demanda creciente mientras las instituciones afrontan problemas para mantener sus servicios. No se trata de una abstracción administrativa: cada servicio que se restringe o cada centro que deja de funcionar puede traducirse en demoras, traslados y más incertidumbre para los pacientes.

La ex Clínica Estrada ya había atravesado años sin actividad antes de su reapertura durante la pandemia. Luego, PAMI la compró para destinarla a su estructura sanitaria en la zona sur. Ahora, la posibilidad de un nuevo cierre vuelve a poner sobre la mesa una contradicción difícil de ignorar: una obra social que debe garantizar atención podría perder capacidad dentro de su propia red.

La protesta de jubilados y vecinos expresa esa preocupación. También plantea una demanda básica: que la discusión sobre la sustentabilidad del sistema no termine resolviéndose con menos atención para quienes más la necesitan. Si la crisis del PAMI avanza hasta poner en riesgo sus propios centros de salud, la respuesta no puede reducirse a un conflicto entre administradores y prestadores. El costo humano ya aparece en las salas de espera, en los consultorios y en la incertidumbre de quienes no saben dónde podrán atenderse.

Nota de precisión: la información disponible habla de un cierre previsto o posible a partir de noviembre; por eso la nota lo presenta como una amenaza y no como un cierre ya concretado.