El Gobierno estudia como dilatar la Ley al menor costo

Ley de Discapacidad

El golpe vino desde el Congreso y todavía retumba en los pasillos de Balcarce 50. El veto presidencial contra la Ley de Emergencia en Discapacidad, que buscaba frenar el aumento de fondos para las pensiones de la ANDIS, fue pulverizado con los dos tercios en ambas cámaras. Una jugada rara en la política argentina: oficialismo y aliados dispersos quedaron arrinconados por una oposición que esta vez sí supo olfatear el aire.

Lo jurídico es claro y no admite dobles lecturas: cuando un veto cae con mayoría absoluta en Diputados y en el Senado, la ley se considera promulgada de hecho. El problema es que al Gobierno nadie le avisó, o prefirió hacerse el distraído. El resultado: un Ejecutivo atrapado entre sus propias amenazas y la necesidad de dilatar lo inevitable.

Hoy el menú que se discute en la mesa chica es variado pero indigesto. Por un lado, María Ibarzabal desde Legal y Técnica junto al viceministro Sebastián Amerio y los equipos de Procuración del Tesoro tantean la vía judicial, aun sabiendo que los plazos y la jurisprudencia no juegan a su favor. Por el otro, se baraja la alternativa menos épica pero más realista: no judicializar, ganar tiempo y esperar a que alguien los demande. Una especie de “nos hacemos los dormidos” que ya se convirtió en método de gestión.

El Presidente, mientras tanto, está ausente del país. Y su silencio retumba más que sus gritos habituales. La falta de coordinación política en el Ejecutivo es notoria: Adorni primero dijo que se estaba analizando aplicar el aumento, después corrigió, y a los pocos días aclaró que nada se movería hasta que hubiera definiciones judiciales. Una pirueta discursiva que no engañó a nadie.

La jugada de presentar un recurso ante la Corte Suprema para invalidar la sesión parece un tiro al aire: el argumento de que la autoconvocatoria del Senado fue “ilegal” suena más a excusa para ganar titulares que a estrategia seria. La otra opción, recurrir al fuero Contencioso Administrativo alegando impacto fiscal, tampoco promete demasiado: incluso si prosperara, el costo político de no aplicar la ley es incalculable.

En paralelo, se intenta vestir el ajuste con el relato de que los fondos saldrían de pensiones “mal otorgadas”. El problema es que las auditorías sobre un millón de beneficios apenas alcanzaron a notificar a 280 mil personas, y la evidencia de irregularidades brilla por su ausencia. La narrativa de las “pseudoinvalideces” no alcanza para justificar la parálisis.

El episodio deja al descubierto una constante de este gobierno: sobreactuar dureza en público para luego improvisar en privado. Milei anunció que judicializaría todo lo que el Congreso le sacara, pero la realidad le puso un freno: la ley es ley, aunque no le guste. Y lo que se juega ahora no es la eficacia jurídica, sino la eficacia política.

Cada día que pase sin promulgar ni aplicar la norma es un recordatorio de que el Ejecutivo perdió una batalla clave. No es solo la Ley de Discapacidad: es la primera vez que un veto presidencial cae en democracia con semejante contundencia. Un hito que quedará anotado en la historia parlamentaria y que desnuda la soledad de un Presidente que confunde Twitter con política.

La oposición ya lo sabe: huelen sangre y van por más. El Gobierno también lo sabe, pero prefiere mirar para otro lado. La gran ironía es que en su intento de mostrar firmeza, Milei terminó abriendo la puerta a la debilidad. Porque en política, como en la vida, cuando se pierde un veto lo que se pierde es autoridad. Y esa, a diferencia de los fondos públicos, no se puede recortar ni auditar.