Pagano denunció a Francos por acusarla de golpismo

¿Si había delito de sedición porque no lo denunció?

En la novela libertaria, cuando parece que ya se alcanzó el clímax, siempre aparece un giro más. Esta vez, la protagonista es Marcela Pagano, diputada que abandonó el bloque oficialista para fundar “Coherencia” junto a Lourdes Arrieta. 

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la acusó en vivo de conspirar contra el Gobierno y de estar detrás de un intento de golpe blando. Pagano, rápida de reflejos, lo denunció en tribunales: si Francos sabe de un delito semejante, está obligado a denunciarlo. No hacerlo lo deja al borde de la omisión, un pecado capital para cualquier funcionario.

El cruce expone la fragilidad de un oficialismo que reparte culpas como quien tira volantes en una esquina. Desde el propio Ejecutivo se alimenta la narrativa del “nos quieren voltear” cada vez que las cosas se desordenan. Pero esta vez la jugada les salió al revés: el señalamiento a Pagano y Arrieta terminó en un expediente judicial que pone a Francos en el banquillo de los acusados simbólicos.

Pagano se plantó con la Constitución en la mano: si el jefe de Gabinete tiene pruebas de una conspiración, debe presentarlas en la Justicia. Y si no las tiene, la acusación se convierte en un berrinche político con consecuencias legales. La diputada incluso pidió que se convoque al periodista Pablo Vilouta y que se aporte la grabación completa de la entrevista en la que Francos la trató de golpista. La ironía: la discusión empezó en un programa de radio y terminó en un juzgado federal.

La denuncia también apunta al trasfondo: el Gobierno necesita un enemigo interno para explicar el caos propio. Con el relato de la conspiración, Milei y su tropa intentan maquillar los tropiezos económicos, las coimas denunciadas en otras áreas y el desgaste político que ya se les nota en la piel. Pero el recurso, usado hasta el hartazgo, empieza a perder efecto. Cuando el enemigo pasa a ser una diputada que hasta hace un año integraba sus filas, el libreto se vuelve tragicómico.

Francos, el supuesto bombero del Gobierno, quedó atrapado en el incendio que él mismo avivó. En vez de moderar, se enredó en acusaciones de golpe y ahora deberá explicar por qué no llevó esas pruebas —si existen— al lugar correcto: la Justicia. El boomerang lo golpea en la cara y, de paso, abre un flanco más de desgaste institucional.

Lo de Pagano no es altruismo ni heroísmo: es supervivencia política. Exlibertaria, exmilerista y hoy jefa de un bloque diminuto, encontró en la denuncia contra Francos la oportunidad de marcar la cancha y diferenciarse. En la rosca nadie regala nada, y ella lo sabe: lo que ayer fue acusación mediática, hoy es litigio penal. Y en la jungla del Congreso, todo lo que sirva para tener visibilidad se convierte en capital.

El oficialismo se desangra en peleas internas que parecen sacadas de un reality show de bajo presupuesto: esposos denunciados, diputadas cruzadas, ministros que acusan sin papeles y causas que nacen de declaraciones radiales. Mientras tanto, la gestión queda en segundo plano, perdida entre expedientes y gritos.

La foto es clara: un Gobierno que se dice liberal pero que se ahoga en sus propias intrigas palaciegas. La oposición ni siquiera necesita mover ficha: la implosión libertaria se cocina sola. Y lo de Pagano es apenas un síntoma. Porque cuando la rosca interna se transforma en denuncia penal, no hablamos de conspiraciones ajenas: hablamos de un oficialismo que conspira contra sí mismo.