Se realizará en el Congreso
La semana política ya tiene fecha y lugar: miércoles a las cinco, Congreso de la Nación. Ahí se cruzan dos escenas que parecen calcadas de un manual de conflicto: adentro, los diputados contando porotos para ver si logran rechazar el veto de Milei a la ley universitaria; afuera, miles de estudiantes, docentes y no docentes marchando para defender lo que sienten como la última trinchera.
El clima es de final abierto. Los sindicatos universitarios aseguran que “está todo recontrajusto” y hablan de 166 votos confirmados, un número que no alcanza para dar vuelta la jugada. En el Congreso nadie se anima a firmar el resultado, pero todos saben que el costo político de dejar a las universidades sin financiamiento es alto. Muy alto.
Mientras tanto, el Gobierno decidió meter más nafta al fuego: denunció a la Universidad de Buenos Aires por haber redirigido su web oficial hacia un sitio con el lema “No al veto”. Una medida insólita que terminó de sellar la narrativa de Milei contra las universidades, justo cuando más necesitaba mostrarse dialoguista.
El Ministerio de Capital Humano acusa a las autoridades de “incumplimiento de deberes” y pide una investigación judicial. Traducido al criollo: más pelea, menos puentes.
La comunidad universitaria, que ya había avisado que marcharía si el veto se concretaba, no dudó en redoblar la apuesta. El Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a todos los rectores, convocó a una conferencia de prensa para advertir que las casas de estudio están en “estado crítico”.
Los gremios, por su parte, declararon un paro y aseguran que la marcha federal de este miércoles puede ser tan masiva como la histórica movilización de abril.
El trasfondo es claro: las universidades son un símbolo que excede a la academia. Para millones de argentinos, representan la posibilidad de ascenso social y un orgullo nacional que atraviesa generaciones.
Tocar esa fibra sensible no es gratis. Y Milei eligió hacerlo dos veces en menos de un año.
El miércoles, entonces, se juega más que un número en el tablero legislativo. Se juega la pulseada política entre un gobierno que quiere mostrarse inquebrantable en su cruzada contra el “gasto público” y una comunidad universitaria que, por primera vez en mucho tiempo, logró unir a rectores, sindicatos y estudiantes detrás de una misma bandera.
El resultado es incierto. Lo único seguro es que el Presidente logró algo que parecía imposible: poner a la universidad pública en el centro de la escena nacional. Y ahí, frente al Congreso, la multitud le va a recordar una obviedad que la política a veces olvida: si se meten con la educación, no hay veto que alcance para frenar la bronca.
