Preventiva para García Furfaro el “Señor del Fentanilo”

Una causa que sacude a la sociedad y la política

La historia arranca con un nombre que se volvió maldito en las farmacias y los pasillos judiciales: lote 31202 de fentanilo. Ese número se transformó en sinónimo de muertes, negligencia y negocios oscuros. Detrás de esa sigla estaba HLB Pharma y Ramallo S.A., dos laboratorios que hasta hace poco pasaban desapercibidos y hoy tienen a su dueño, Ariel García Furfaro, con prisión preventiva dictada por el juez federal Ernesto Kreplak.

La trama detrás del frasco

Según la investigación, lo que salió de esas plantas no fue solo un error de calidad: fue una cadena de decisiones que ignoró alertas y controles básicos. En criollo: fabricaron mal, distribuyeron igual y veinte personas no la contaron. La imputación es dura: adulteración de sustancias medicinales en concurso real, una figura que en el Código Penal no es un tecnicismo, sino un pase directo al banquillo.

García Furfaro no cayó solo. Lo acompañan 16 integrantes de su staff, entre ellos familiares y socios de confianza. 

Algunos quedaron con prisión domiciliaria, otros procesados sin preventiva, pero todos con embargos millonarios que parecen pensados más para un cuento de ciencia ficción que para una resolución judicial: hablamos de cifras que van desde los mil millones hasta los cien mil millones de pesos. Plata que, si existiera realmente en sus cuentas, alcanzaría para financiar varias campañas electorales.

El costo político y social

El expediente, más allá de lo técnico, golpea donde duele: en la confianza de la gente. Un medicamento que debería salvar vidas se convirtió en veneno por responsabilidad empresarial. 

Y el Estado, con su maquinaria de control oxidada, aparece tarde y mal. La foto es incómoda para todos: jueces que avanzan, gremios farmacéuticos que miran de reojo y una política que sabe que cada escándalo de este calibre se paga en credibilidad.

No es casualidad que los procesados se repartan entre arrestos domiciliarios y embargos. La estrategia judicial busca asegurar que no se escapen ni se deshagan de sus bienes, pero también manda un mensaje: ya no alcanza con pedir disculpas o hablar de “fallas técnicas”. Cuando el negocio es con opioides, el margen de error es cero.

La causa recién empieza su capítulo más pesado, pero ya dejó claro que no se trata de un caso aislado. 

El fentanilo contaminado expuso lo que pasa cuando la búsqueda de ganancias pisa por arriba de la salud pública. Y ahora, con el dueño de los laboratorios tras las rejas, queda una advertencia que suena fuerte: si el remedio mata, la Justicia —al menos esta vez— no mira para otro lado.