Las multas automáticas de ARCA aumentan 110.000%
La Ley de Inocencia Fiscal avanza en el Congreso envuelta en una promesa de cambio de paradigma tributario. El mensaje oficial es claro: dejar atrás la presunción de evasión y ofrecer seguridad jurídica para que los dólares fuera del sistema regresen a la economía formal. Sin embargo, debajo de ese discurso aparece una arquitectura normativa que endurece de manera inédita el régimen sancionatorio, con aumentos de multas automáticas que golpean con fuerza a las pymes, incluso por incumplimientos meramente formales.
El corazón del conflicto está en la actualización de las sanciones por falta de presentación de declaraciones juradas. Multas que hoy resultan simbólicas, como los $200 vigentes para personas humanas, pasarían a ubicarse en torno a los $220.000, mientras que las aplicadas a personas jurídicas escalarían hasta los $440.000. El salto no es marginal: implica incrementos superiores al 110.000%, aplicados de manera uniforme, sin distinguir tamaño, capacidad contributiva ni gravedad de la falta.
Una lógica fiscalista
Desde la óptica del Ministerio de Economía, la ecuación es simple. En un contexto de obsesión por el déficit cero, cada punto de recaudación cuenta. La actualización de multas aparece como una vía rápida para reforzar ingresos, aun cuando el costo económico recaiga sobre un universo que opera con márgenes mínimos. Las pymes no solo enfrentan caída del crédito y restricción monetaria, sino también un régimen sancionatorio que no diferencia un atraso administrativo de una conducta evasiva estructural.
La paradoja se profundiza al observar el resto del programa económico. Mientras se proyectan alivios impositivos para grandes sociedades -con reducciones en Ganancias que beneficiarán a un número acotado de firmas con bajo impacto en el empleo-, se endurece el trato sobre un sector que concentra cerca del 80% del trabajo formal e informal del país. La redistribución del esfuerzo fiscal no sigue criterios de productividad ni de empleo, sino de facilidad recaudatoria.
En el Senado, incluso aliados del oficialismo reconocieron el problema. El planteo no cuestiona la necesidad de actualizar montos desfasados por la inflación, sino la ausencia de un sistema de graduación que contemple la heterogeneidad del universo contribuyente. La promesa de introducir correcciones mediante una ley corta posterior deja una señal ambigua: primero se aprueba el castigo, luego se discute la equidad.
Desde el punto de vista de la economía real, el riesgo es claro. Multas de esta magnitud pueden desincentivar la formalidad, acelerar cierres y profundizar la fragilidad financiera de empresas que sostienen el empleo en contextos recesivos. La inocencia fiscal, en los hechos, convive con una presunción inversa para las pymes: cualquier error cuesta caro.
El debate de fondo excede la coyuntura legislativa. Expone una concepción del orden fiscal donde la coherencia macro se construye a partir de microajustes regresivos. Un esquema que busca mostrar disciplina, aun cuando el costo se pague con menor actividad, menor inversión y mayor fragilidad productiva.
La Ley de Inocencia Fiscal promete confianza, pero ensaya control. Ofrece alivio simbólico mientras endurece la práctica. En nombre del equilibrio, vuelve a ajustar sobre quienes no tienen espalda para absorberlo. La pregunta ya no es si el sistema recauda más, sino a qué precio productivo y social lo hace.
