La UCR discute eutanasia en un país con 40 % de pobres

Debatir vivir bien, te la debo

 El radicalismo volvió a patear la estantería en el Congreso, pero esta vez no fue por Ganancias ni por retenciones. El diputado mendocino Lisandro Nieri, acompañado por otros cinco legisladores de la UCR, presentó un proyecto de Ley de Regulación de la Eutanasia. La propuesta apunta a “garantizar el derecho de las personas con enfermedades graves o padecimientos crónicos y limitantes a solicitar ayuda médica para poner fin a su vida, bajo estrictos requisitos y controles”. Incluye cobertura integral por parte del sistema público y privado, la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento y sanciones para quienes obstaculicen el acceso sin motivos legales. No es un borrador suelto: los autores esperan que se trate desde el inicio de las sesiones ordinarias de 2026.

Hoy, en Argentina, lo que rige es otra cosa: la llamada “muerte digna”, regulada por la Ley 26.742, que modificó los derechos del paciente. Esa norma permite rechazar tratamientos médicos, desconectar soportes vitales y dejar que una enfermedad siga su curso, incluso si eso lleva a la muerte. Es decir, se puede decidir no seguir viviendo a cualquier precio, pero no se puede pedir ayuda médica activa para adelantar el final. La eutanasia que plantea el proyecto radical es un salto más allá de ese marco.

El humo, las prioridades y el país de la soga al cuello

La pregunta incómoda aparece sola: ¿este debate llega en el momento justo o suena a lujo escandinavo en un país donde el 40 por ciento está bajo la línea de pobreza y la informalidad laboral ronda el 43 por ciento? Mientras el sistema de salud público se sostiene a los golpes, faltan insumos y hay provincias donde conseguir un turno oncológico es una odisea, el Congreso discute cómo garantizar una muerte asistida impecable.

No es que el tema no importe. Importa y mucho para quienes transitan enfermedades gravísimas, dolores crónicos o padecimientos que no tienen vuelta. Pero la sensación de desajuste está. Una médica clínica de un hospital del Conurbano lo resumió en una frase que no entra en ningún proyecto de ley: “Acá discutimos eutanasia y yo no tengo morfina suficiente para todos los pacientes”. Un paciente oncológico que hace tratamiento en el sistema público podría decir algo parecido: “Primero conseguime los remedios y la movilidad para venir al hospital, después hablamos de cómo quiero morir”.

Claves del proyecto radical de eutanasia

Alcance: personas con enfermedades graves, terminales o padecimientos crónicos y limitantes que generen sufrimiento físico o psíquico intolerable.

-Consentimiento: pedido expreso, informado y reiterado de la persona, con posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento.

-Controles: intervención de equipos médicos, evaluación de alternativas paliativas, plazos y procedimientos regulados.

-Cobertura: obligación de cobertura integral por parte del sistema de salud público, obras sociales y prepagas.

Objeción: contempla objeción de conciencia para profesionales, pero obliga a derivar el caso para garantizar el derecho del paciente.

- Sanciones: penalidades para quienes obstaculicen de forma injustificada el acceso a la práctica cuando se cumplan los requisitos legales.

El cierre político lo pone, como casi siempre, una voz en off del propio sistema. Un diputado opositor, que ve con simpatía la discusión pero no se compra el paquete completo, lo dice bajito en un pasillo del Congreso: “Está bien que discutamos cómo morir, pero si no resolvemos cómo vivir, esta ley va a terminar siendo un derecho para pocos”. Del otro lado, un funcionario del oficialismo que prefiere no dar la cara lo resume con ironía seca: “Si en 2026 la tapa es la eutanasia, en 2025 más de uno va a seguir preguntando qué hay en la heladera”