Laboratorio Ramallo: Sabían que podía matar y lo vendían igual

Fentanilo contaminado

En la sala del juez Kreplak, una mujer que trabajaba en Ramallo se sentó y habló sin anestesia. Lo que contó no es un error de laboratorio: es un delito con firma. Los protocolos de esterilidad dicen 14 días de análisis. En Ramallo los miraban a los tres porque “venía de arriba”. Si salía positivo, se anotaba en un cuaderno… y ese cuaderno desaparecía cuando olía a ANMAT. La frase que quedó grabada: “Se sabía que se vendían igual”. No fue un lote perdido. Fue política de empresa.

La testigo lo explicó clarito: si dabas positivo, repetías. Si repetías positivo, repetías otra vez. Y si seguías dando positivo, igual salía al mercado. Porque parar la producción era perder plata. Y la plata, en Ramallo, valía más que la vida de un paciente en quirófano.

El Cuerpo Médico Forense acaba de entregar otro mazazo: de 40 casos nuevos analizados, en 38 el fentanilo contaminado fue el asesino directo. Sumale los anteriores y ya van 173 muertos confirmados. Mientras, allanamientos en Buenos Aires, Córdoba, Formosa y Santa Fe recuperan más de 82 mil ampollas del veneno disfrazado de analgésico.

Ariel García Furfaro, dueño de Ramallo y HLB Pharma, ya tiene 14 procesados en su haber, incluidos directivos y accionistas. El delito es adulteración de medicamentos con resultado de muerte -el más pesado que existe cuando un remedio se convierte en arma. Kreplak no para: cada declaración, cada chat, cada cuaderno desaparecido es un clavo más en el ataúd de esta tragedia que ya supera a Cromañón y Once en víctimas.

En el conurbano, donde la salud pública a veces es un milagro y la privada un lujo, que un laboratorio decida que tu dolor vale menos que su balance es un puñal por la espalda. No fue negligencia: fue decisión. Y cuando la decisión es “vender igual”, la muerte deja de ser un efecto secundario para convertirse en un costo operativo.

Kreplak avanza sin pausa y el expediente engorda. Porque en este país donde la impunidad suele tener oficina con vista al río, hay jueces que todavía creen que 173 vidas valen más que cualquier balance trucho. Y mientras los cuadernos desaparecidos vuelven a aparecer en forma de prueba, la única certeza es que alguien va a pagar. Tarde, pero va a pagar. Y esa es la única buena noticia en medio de tanto dolor.

La ANMAT en la era Milei 

Con Milei en el poder, la ANMAT dejó de ser el perro guardián y se convirtió en un gato que maúlla despacio. Desde mayo, Sturzenegger la puso en la lista de “organismos a modernizar”: menos inspectores, menos trámites, menos controles. El golpe llegó el 28 de octubre con la Disposición 7998/25: certificados de Buenas Prácticas de países “confiables” ya no se renuevan cada dos años. Se aceptan y listo. El laboratorio ahorra plata, el paciente asume el riesgo.

El segundo hachazo viene en camino: el decreto que reestructura 13 organismos incluye a la ANMAT en revisión profunda. Achique de planta, tercerización de controles y más peso a papeles extranjeros. El discurso oficial es “desburocratizar” para bajar costos. En la práctica, menos ojos en los laboratorios y más fe en que el mercado no meta la pata.

El fentanilo contaminado es la prueba en carne viva. 173 muertos por un opioide que salió al mercado con controles recortados y resultados positivos escondidos. La ANMAT miró para otro lado mientras Ramallo vendía veneno disfrazado de analgésico. Ahora, con menos personal y menos exigencias, la pregunta es simple: ¿quién garantiza que el próximo lote no sea otro drama?

En el conurbano, donde la salud pública ya es lotería y la privada un lujo, una ANMAT light no es un detalle técnico. Es una decisión política que pone la ganancia de las farmacéuticas por encima de la vida de los que menos tienen. Milei vende “libertad”. Pero cuando el Estado se achica donde más se necesita, la libertad es para los que pueden pagar remedios importados. Para el resto, es solo ruleta rusa con jeringa.