La causa Vialidad acaba de abrir un nuevo capítulo, esta vez fuera de las fronteras argentinas. A un año de que la Corte Suprema dejara firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, su equipo de abogados activó la estrategia internacional y presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La apuesta es de máxima: que el organismo considere que durante el proceso judicial se violaron garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado con jerarquía constitucional en Argentina, y recomiende revisar la sentencia que condenó a la exmandataria e impuso su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La movida no es solamente jurídica. También reabre una disputa política que el kirchnerismo considera inconclusa y traslada el conflicto desde los tribunales argentinos hacia un escenario donde el debate deja de centrarse en la corrupción para enfocarse en la vigencia de las garantías del debido proceso.
La estrategia internacional y el antecedente Lula
La presentación fue encabezada por Alberto Beraldi junto al español Javier Borrego, especialista en derechos humanos, y el brasileño Rafael Valim, recientemente incorporado al equipo y conocido por haber participado en la estrategia internacional que acompañó la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva.
Los abogados sostienen que la Corte Suprema, al rechazar los últimos recursos disponibles en Argentina, dejó habilitada la vía internacional. Según Beraldi, las cuestiones que el máximo tribunal no revisó son precisamente las que ahora serán sometidas al análisis del Comité de Derechos Humanos.
Borrego fue aún más allá y calificó el expediente como un proceso atravesado por arbitrariedades. Durante la presentación aseguró haber encontrado "tantísimas violaciones" a las garantías procesales que justifican acudir al organismo con sede en Ginebra. El abogado español también afirmó que la condena tuvo un componente de persecución política y llegó a sostener que Cristina Kirchner fue proscripta "porque es mujer".
Valim, por su parte, buscó despegar la iniciativa de cualquier planteo partidario. "No estamos aquí como militantes políticos, sino como abogados para defender los derechos de una ciudadana", sostuvo. Además, aseguró que el objetivo es que Naciones Unidas evalúe la actuación de jueces y fiscales y determine si existieron "graves violaciones a los derechos humanos".
La presentación incluye además un pedido de medidas cautelares para suspender la inhabilitación perpetua mientras se analiza el fondo del caso y plantea objeciones a las condiciones de la prisión domiciliaria de la expresidenta, entre ellas las restricciones para recibir visitas.
En la práctica, el camino recién comienza y difícilmente tenga efectos inmediatos. El propio Valim reconoció que una resolución de fondo puede demorar años, aunque estimó que las cautelares podrían analizarse en un plazo menor.
La decisión de internacionalizar el expediente modifica el escenario político y jurídico. La discusión ya no transitará exclusivamente por Comodoro Py ni por los tribunales argentinos. A partir de ahora también buscará instalarse en los organismos internacionales que supervisan el cumplimiento de los tratados de derechos humanos. En política, pocas veces el cierre de una instancia significa el final de una disputa. Muchas veces es apenas la puerta de entrada a un tablero mucho más amplio.
