La privatización de AySA encontró un obstáculo donde el Gobierno probablemente hubiera preferido no encontrarlo: en un expediente judicial bonaerense y cuando el proceso para desprenderse del 90% de la compañía entraba en una etapa decisiva. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó una medida cautelar iniciada por el Defensor del Pueblo provincial que impide modificar hacia abajo las obligaciones de la empresa en agua potable, saneamiento, salud pública y protección ambiental. El negocio que la Casa Rosada estimaba en unos US$450 millones queda así condicionado por una discusión bastante menos ideológica que concreta: qué servicio deberá garantizar quien finalmente se quede con AySA.
El fallo fue firmado por los camaristas Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez. La intervención judicial había comenzado en junio ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de La Plata y ahora el expediente será remitido a la Justicia federal.
Ese movimiento de jurisdicción importa, pero no borra lo ocurrido. Mientras se define qué tribunal continuará interviniendo, la cautelar mantiene sus efectos y bloquea la aplicación del esquema cuestionado.
El punto sensible es el nuevo contrato de concesión aprobado en mayo de 2026. Ese marco introducía cambios en los estándares exigibles al futuro operador privado. La presentación bonaerense atacó precisamente ese flanco: privatizar puede ser una decisión política del Estado nacional, pero la transferencia accionaria no habilita automáticamente a reducir obligaciones relacionadas con un servicio esencial.
Privatizar es una decisión, garantizar el agua es otra
La diferencia parece jurídica, pero es profundamente política. Milei llegó al Gobierno con un programa explícito de reducción del Estado y transferencia de empresas públicas al sector privado. AySA forma parte de esa arquitectura y la Nación pretende colocar el 90% de sus acciones.
El problema es que el agua no funciona como cualquier mercancía. Quien administra la red metropolitana no vende solamente un producto: controla infraestructura indispensable para millones de hogares y gestiona saneamiento con consecuencias directas sobre salud pública y ambiente.
Por eso el verdadero valor de AySA no se limita al precio de sus acciones. También depende de las inversiones exigidas, los niveles de calidad, la expansión de las redes y las obligaciones que deberá asumir el comprador. Cuanto mayores sean esas exigencias, más costoso será operar. Cuanto menores sean, más atractivo puede resultar el activo para el privado. Ahí aparece el corazón económico de la pelea.
El calendario agrega presión. El Gobierno había trasladado al 15 de septiembre el plazo para la presentación de propuestas, instancia en la que deberían conocerse los interesados en avanzar sobre la compañía. La estimación oficial apunta a obtener alrededor de US$450 millones por la operación.
La Provincia consiguió introducir ahora una variable que la Casa Rosada no controla completamente. No impugnó solamente la venta: logró que la Justicia estableciera preventivamente que, mientras se discute el fondo, AySA no puede disminuir las prestaciones y estándares alcanzados.
La disputa continuará en el fuero federal y el Gobierno conserva herramientas para defender su programa privatizador. La cautelar no equivale a una sentencia definitiva ni significa que AySA permanecerá necesariamente en manos estatales.
