En Lomas de Zamora, detrás de cada número hay una historia que llegó a pedir ayuda. Durante 2025, el Municipio registró 5.691 nuevas intervenciones vinculadas a situaciones de violencia y políticas de género, un 30% más que el año anterior. La dimensión del dato muestra una demanda creciente sobre una red que combina orientación, asistencia profesional, protección y respuestas ante situaciones de riesgo.
Del total informado, 5.386 intervenciones correspondieron a personas atravesadas por violencia de género y otras 305 estuvieron dirigidas a masculinidades con conductas violentas. La comparación con 2024, cuando se habían contabilizado 4.409 casos, permite dimensionar cuánto aumentó el trabajo de los dispositivos locales en apenas un año.
El crecimiento también aparece en las distintas puertas de entrada al sistema. El Hogar de Protección Integral Fátima Catán, en Fiorito, asistió o recibió por guardia a 496 personas, principalmente mujeres que necesitaron resguardo junto a sus hijos e hijas. A la vez, el Municipio respondió 2.385 requerimientos judiciales, un 58% más que durante 2024.
La atención profesional alcanzó a 23.788 personas, con un incremento interanual del 35%. Allí entran necesidades muy diferentes que muchas veces se superponen: orientación jurídica, asistencia social, salud mental, atención médica, acompañamiento ante organismos públicos, visitas domiciliarias y seguimientos telefónicos. La salida de una situación violenta rara vez depende de una única respuesta.
Seis meses de apoyo para recuperar autonomía
Sobre esa estructura local se incorpora ahora el Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias de Género de la Provincia de Buenos Aires, al que Lomas de Zamora adhirió junto con otros municipios. El convenio fue firmado por el intendente Federico Otermín durante un encuentro con el gobernador Axel Kicillof y la ministra Estela Díaz.
La herramienta prevé durante seis meses una ayuda económica directa para mujeres y personas LGBTIQ+ en situaciones de riesgo, acompañada por equipos especializados. El objetivo práctico es que la falta de ingresos no se convierta en una barrera para alejarse de un vínculo violento y comenzar a reorganizar la vida cotidiana.
El programa no se limita al aporte monetario. Incluye grupos de acompañamiento, capacitación en oficios, terminalidad educativa, posibilidades de inserción laboral, orientación jurídica, abordajes de salud mental, asistencia habitacional, espacios cooperativos y fortalecimiento de redes de cuidado.
Son piezas diferentes de un mismo problema: para salir de una situación de violencia también hacen falta vivienda, ingresos, vínculos, trabajo y herramientas para sostener las decisiones tomadas.
Otermín planteó que el desafío es acompañar a quienes atraviesan estas situaciones para que puedan recuperar independencia económica y familiar. Díaz, en tanto, destacó el papel de los municipios porque suelen constituir uno de los primeros lugares a los que recurren las personas cuando necesitan asistencia.
La red local también alcanzó durante el último año a 8.102 personas de las diversidades mediante propuestas educativas, sanitarias y de acompañamiento. Entre ellas aparecen el Plan FinEs, el Consultorio Trans-Vivir, la atención psicológica y espacios destinados a adolescencias trans, personas adultas y mayores.
Los números sirven para medir el tamaño de la tarea, pero no cuentan por sí solos lo que ocurre después de una consulta. Una llamada puede terminar en asesoramiento, una intervención judicial, una noche bajo resguardo o el comienzo de un camino hacia un ingreso propio. Ahí está el desafío de una red territorial: que pedir ayuda no sea solamente tocar una puerta, sino encontrar detrás de ella herramientas concretas para empezar de nuevo.
