El último recuento conocido distribuye las desvinculaciones entre 700 trabajadores de Capitán Sarmiento, 500 de Esteban Echeverría y 50 de Pilar.
No son 1.250 despidos decididos este martes. Las cesantías ya habían sido comunicadas y durante aproximadamente un mes quedaron atravesadas por la conciliación dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, que obligó a retrotraer la situación mientras empresa y representantes de los trabajadores intentaban encontrar una salida.
Ese acuerdo no apareció.
La negociación había comenzado el 4 de septiembre. En ese momento, la Provincia había informado oficialmente 1.200 trabajadores afectados: 700 en Capitán Sarmiento, 450 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar. El número conocido ahora eleva a 500 los casos en Echeverría y lleva el total a 1.250.
La diferencia de 50 trabajadores será uno de los datos que deberá aclararse cuando se conozca el acta final de la negociación y la nómina definitiva de desvinculados.
1.250 DESPIDOS, DEUDAS Y UNA PELEA POR LAS INDEMNIZACIONES
Granja Tres Arroyos sostiene que necesita achicar su estructura para adecuarla al nivel de actividad y garantizar la continuidad de la empresa. También rechazó durante el conflicto las acusaciones de vaciamiento realizadas desde sectores gremiales.
La crisis, sin embargo, ya excede largamente la discusión por las dotaciones.
La principal sociedad del grupo pidió la apertura de su concurso preventivo después de no conseguir ordenar sus compromisos mediante negociaciones privadas.
La información conocida sobre ese proceso muestra deudas bancarias superiores a los 150.000 millones de pesos, mientras distintas estimaciones sobre el pasivo global del entramado empresario lo ubican alrededor de los 350 millones de dólares.
A ese cuadro se suman reclamos por salarios adeudados y dificultades que se fueron acumulando en distintas plantas.
Los trabajadores denuncian atrasos que, según los casos, alcanzarían varios meses. En paralelo, una decisión del Juzgado Comercial 21 dispuso la indisponibilidad de 13,5 millones de dólares depositados por la compañía en el Banco de Comercio, dentro de las actuaciones vinculadas con su situación financiera.
Con la conciliación terminada, la discusión se traslada ahora también a cuánto deberá cobrar cada despedido.
La empresa pretende encuadrar las desvinculaciones en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla una indemnización reducida cuando existe fuerza mayor o falta o disminución de trabajo no imputable al empleador.
Pero una empresa en crisis no queda automáticamente habilitada a pagar la mitad de una indemnización.
La causal invocada debe justificarse y puede ser discutida por los trabajadores. Ese punto puede convertirse en una nueva pelea laboral y judicial si no existe acuerdo sobre las liquidaciones.
En Pilar son 50 familias las alcanzadas directamente por las cesantías.
En Esteban Echeverría son 500.
Capitán Sarmiento concentra el impacto más fuerte, con 700 trabajadores, una cifra particularmente pesada para una localidad donde la planta tiene un lugar central dentro del empleo privado.
La escala del ajuste también deja otra incógnita: con cuántos trabajadores quedará funcionando cada establecimiento y qué nivel de producción podrá sostener Granja Tres Arroyos mientras intenta atravesar el concurso.
La conciliación consiguió ganar tiempo. No consiguió torcer las decisiones que la empresa había comunicado en septiembre.
Ahora los trabajadores necesitan respuestas bastante menos abstractas: cuándo cobrarán los salarios pendientes, cuánto recibirán por sus indemnizaciones y cuántos puestos conservarán las plantas que continúen abiertas.
Con 1.250 despidos ratificados, esa última pregunta ya no pertenece solamente al conflicto entre una empresa y sus empleados. También empieza a ser una pregunta sobre el futuro industrial de Pilar, Esteban Echeverría y Capitán Sarmiento.
