El Gobierno habilitó a los dos grupos que siguen en carrera por el 90% estatal de AySA y fijó para este jueves 8 de octubre, a las 10, la apertura de sus ofertas económicas.
La Resolución 1722/2026, publicada este martes por el Ministerio de Economía, cerró formalmente la primera etapa de la licitación. Los dos competidores superaron la evaluación técnica y ahora llegará el momento de conocer cuánto están dispuestos a pagar. Todavía no hay adjudicación ni traspaso.
Lo que se abre el jueves es la segunda etapa del proceso para vender a un operador estratégico la totalidad del paquete accionario que pertenece al Estado Nacional, equivalente al 90% de AySA. El 10% restante corresponde a los trabajadores incluidos en el Programa de Propiedad Participada.
De un lado quedó el consorcio formado por Rowing, Arcos Saneamento e Participacoes, PHX AQUA AR y Transclor. Del otro, Roggio Roas, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre. Las propuestas técnicas fueron abiertas el 15 de septiembre y el dictamen de preselección no recibió impugnaciones.
La operación tiene una dimensión muy concreta para el Conurbano.
AySA presta los servicios de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos bonaerenses. Su territorio incluye buena parte de Norte, Oeste y Sur, desde Pilar, Tigre y San Isidro hasta Moreno, Morón y La Matanza, y desde Avellaneda y Lanús hasta Lomas de Zamora, Almirante Brown, Quilmes y Florencio Varela.
EL PRECIO ES SÓLO EL COMIENZO
Quien finalmente se quede con AySA no recibirá solamente una red existente. También asumirá compromisos de mantenimiento, expansión y calidad fijados en el nuevo contrato de concesión.
Para el primer ciclo, entre 2027 y 2031, el Gobierno informó un programa obligatorio de inversiones por $2,89 billones a valores de diciembre de 2025, equivalente a más de US$2.000 millones.
Las metas fijadas para 2031 son alcanzar una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas. Al final del plazo inicial de 30 años, esos pisos deberán llegar como mínimo al 90% y 75%.
Las tarifas serán inevitablemente otro punto bajo observación.
El esquema oficial para los primeros cinco años establece que el nivel tarifario vigente se mantenga constante en términos reales y no proyecta nuevos incrementos reales en ese período, aunque existen mecanismos de actualización y revisiones extraordinarias previstos en el contrato. Las modificaciones tarifarias siguen sujetas al marco regulatorio y a la intervención estatal.
Tampoco desaparecen los organismos de control. El contrato mantiene funciones para el Ente Regulador de Agua y Saneamiento y la Agencia de Planificación, junto con metas, auditorías y sanciones ante incumplimientos.
Eso separa dos discusiones que muchas veces aparecen mezcladas.
Una es quién será dueño de la mayoría accionaria de AySA.
Otra, distinta, es bajo qué reglas deberá prestar un servicio público esencial.
La apertura del jueves permitirá conocer el primer dato. Después vendrán la evaluación, la adjudicación y la transferencia.
Pero para los municipios del Conurbano la pregunta importante empieza un poco después: qué operador se quedará con una empresa de la que dependen más de 15 millones de personas, cuánto pagará por ella y, sobre todo, cómo cumplirá las obras y las metas que quedarán escritas en el contrato durante las próximas décadas.
