Los hogares del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) destinan, en promedio, la mitad de lo que destinaban en 2019 para pagar las facturas de los servicios públicos de gas natural y energía eléctrica, según el último informe del Observatorio de Servicios Públicos (OSP) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

El documento también evidencia que a la mitad de esos hogares el porcentaje además se le redujo casi cuatro veces.

El nuevo informe publicado por OSP-UNLP compara la relación entre las tarifas y los ingresos de los hogares entre 2015 y la actualidad, y compila la evolución de las principales variables de ingreso ciudadano y evidencia el comportamiento del valor de las facturas de los servicios públicos de gas natural y energía eléctrica.

En base a esos datos, explora algunas de las consecuencias del acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno nacional en torno de las tarifas de servicios públicos.

El principal hallazgo del informe es que cayó a la mitad el porcentaje de ingresos que un hogar debe destinar para pagar las facturas de electricidad y gas natural en el AMBA.

Tomando como punto de referencia un hogar con un ingreso promedio elaborado en base a distintas variables, en septiembre de 2023 ese porcentaje es de 5,80% y en junio de 2019 era de casi el 12%, por lo que se redujo poco más de la mitad.

En junio de 2019 el porcentaje de los ingresos que las familias debían destinar en promedio para pagar ambos servicios públicos alcanzaba un máximo histórico de un 11,96%, mientras que en diciembre de 2015 era de 1,10%.

Sin embargo, en septiembre de 2023 ese porcentaje en el caso de los hogares categorizados en la segmentación tarifaria como “menores ingresos” (N2) se redujo cuatro veces: representa el 3,35% de sus ingresos y afecta a la mitad de los hogares del AMBA.

La incidencia se redujo a casi un tercio (4,25%) de lo que representaba en 2019 para los categorizados como de “ingresos medios” (N3), estos hogares son casi dos de cada diez; y para los usuarios registrados como “altos ingresos” (N1), poco más de tres de cada diez hogares, pasó a afectar el 9,81% en promedio de sus ingresos.

Al considerar el caso de un hogar con un ingreso equivalente al del promedio de las y los trabajadores registrados (Ripte) el informe evalúa la siguiente situación: esa familia en junio de 2019 debía destinar un 6,72% de sus ingresos para pagar ambos servicios públicos.

En septiembre de 2023, un 1,79%, casi cuatro veces menos, y en caso de estar categorizado en la segmentación tarifaria como un hogar de “menores ingresos” (N2).

Un 2,27%, en caso de estar categorizado como “ingresos medios” (N3), y un 5,23%, en caso de estar categorizado como “altos ingresos” (N1).

Si se toma como referencia el Salario Mínimo Vital y Móvil, la incidencia porcentual para junio de 2019 alcanzó al 22,36% de sus ingresos, mientras que en septiembre de 2023 alcanzó el 5,74% para un usuario categorizado como N2. El 7,28% para un N3. Y el 16,81% para un N1.

En el caso del sector pasivo, en junio de 2019 un hogar debía destinar el 26% de un Haber Mínimo Jubilatorio, mientras que en septiembre de 2023 debió destinar un 7,69% para el caso de un usuario categorizado N2; 9,76% para un N3 y 22,55% si fuera N1.

Por último, el informe destaca que a pesar de los “sucesivos ajustes segmentados forzados por el ‘acuerdo’ con el FMI”, la situación promedio para los diferentes sectores sociales “mejoró en términos de protección al usuario” respecto de lo que ocurría "en el peor momento de la serie registrada, en junio de 2019".