La mayoría de la Argentina apoya la universidad pública

Por Laura Vales

La sociedad no le cree a Javier Milei cuando habla contra las universidades públicas. Lejos de considerarlas como “un curro de la casta” o un sistema por el que “los pobres pagan la educación de los ricos”, los argentinos valoran a la universidad pública y gratuita como un bien muy preciado. El 99 por ciento opina que la educación es la herramienta para el crecimiento nacional, un 80 por ciento acuerda en que ayudan a la movilidad ascendente, el 86 por ciento considera que las universidades públicas son un orgullo para el país. Mientras tanto el presidente, siguiendo un mecanismo que ya usó para desfinanciar otras áreas, como los comedores y la urbanización de los barrios populares, se prepara para auditarlas, lo que en este gobierno indica que iniciará una campaña a través de los medios que le son afines. El titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Miguel Blanco, anunció que esta semana comenzará a revisar las cuentas de las facultades con mayor presupuesto. “Probablemente empecemos por la UBA”, anticipó.

El estudio de opinión fue realizado por la consultora Zuban Córdoba y Asociados, que sondeó qué impacto han tenido en el electorado los ataques de Milei a la universidad pública y su veto a la ley de financiamiento universitario.

El presidente usó dos argumentos principales para sus ataques, el primero fue la acostumbrada acusación libertaria de ser “un curro de la casta”. “No se dejan auditar”, aseguró en ese sentido Milei. El segundo es más delicado porque toca a la honda frustración social que atraviesa a la mayoría de los argentinos, y consiste en la idea de que “la universidad pública no le sirve más que a los ricos y clases medias altas” (con variantes más agravadas, como “el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos”, o “las universidades públicas han dejado de ser una herramienta de movilidad social para ser un obstáculo para la misma”).

Es claro que tras el veto y luego de la segunda marcha en defensa de las universidades, el Presidente tomó nota de que no tiene aval en su intención de desfinanciar el sistema. De hecho, incluso ha tenido que salir a aclarar que “la educación pública y no arancelada no está en discusión”. Pero aún así, no ha dado marcha atrás, ya que el Presupuesto 2025 les destina menos financiamiento.

Qué dice la encuesta

El sondeo mostró que las universidades tienen una imagen sólida en la sociedad:

- El 76 por ciento opina que no es cierto que los pobres no llegan a la universidad pública.

- El 91 por ciento está en desacuerdo en que sean un gasto innecesario.

- El 86 por ciento las considera un orgullo para la Argentina.

- El 80 por ciento piensa que la universidad pública ayuda a la movilidad social.

- El 99 por ciento sostiene que la educación es la herramienta para crecer como país.

- Para el 73 por ciento está claro que si Milei pudo vetar la ley de financiamiento fue porque Macri acordó con él.

- Una mayoría amplia, del 61 por ciento, se opone a la idea de que Milei tiene que ajustar a las universidades, aunque el 67 por ciento de los consultados opinan que las casas de estudio deberían hacer un uso más eficiente de sus gastos. Un 38 por ciento apoya el veto de Milei a la ley de financiamiento, mientras que el 59 por ciento está en contra.

La palabra presidencial, devaluada

Paola Zuban, directora de investigación de la consultora Zuban Córdoba, explica que el consenso social en torno a la educación publica y gratuita en la Argentina "es prácticamente total, tanto que parece gritarle al presidente que no avance en el desfinanciamiento que supone la falta de actualización en el presupuesto 2024 y de los salarios docentes". 

Aclara que "hay matices en las opiniones, sobre todo en cuanto al financiamiento y auditoría de las universidades". Pero en general, el conflicto ha generado "un fortalecimiento del núcleo duro y un alejamiento de sectores que apoyaron inicialmente la gestión libertaria o que aún la apoyan, por coincidir con un modelo económico que creían solución para los problemas del país sin ser mileistas ortodoxos. Esos sectores que se alejan, lo hacen de manera progresiva y por la sedimentación de errores forzados y no forzados del gobierno". 

Las universidades son un valor socialmente compartido por la mayoría, de eso no hay dudas, pero esa misma mayoría tiene también otros problemas. El financiamiento educativo esta octavo en el ranking de las preocupaciones de los argentinos, debajo del desempleo, la corrupción, la inseguridad, la violencia política.

Auditorías

La Sigen comenzó esta semana con las auditorías, anunció su titular, Miguel Blanco, que adelantó que empezará probablemente por las facultades de la Universidad de Buenos Aires porque son las que manejan presupuestos más grandes.

La decisión de poner a este organismo a controlar las universidades fue tomada por la Casa Rosada, tras encargarle al procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, un dictamen para habilitar esa posibilidad. Es que desde finales de 2022, el monitoreo del sector estaba a cargo de la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso; la Sigen, en cambio, depende del Poder Ejecutivo.

“Estamos reestructurando el equipo que estaba auditando universidades y estamos empezando algunas de las auditorías. La idea es que armemos un cronograma porque no podemos auditar las 60 universidades a la vez”, dijo Blanco.

"Estamos tranquilos y con todo en regla", aseguró el decano de la Facultad de Farmacia de la UBA, Pablo Evelson, al ser consultado sobre el anuncio.

El término auditoría tiene una resonancia específica en el gobierno de Milei, porque las ha utilizado como punta de lanza para recortar gastos. Auditoría, en los últimos diez meses, no ha sido sinónimo de control sino de insumo para campañas sucias. Los medios afines al gobierno han sido claves en estas campañas. 

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, alegó el resultado de auditorías para recortar el programa Potenciar Trabajo; acusó a miles de beneficiarios de haber viajado al exterior, y aunque luego se probó que en su mayoría eran acusaciones infundadas (inventaron hasta viajes a Noruega!), la sociedad creyó en las acusaciones. También hubo auditorías para suspender el envío de alimentos a los comedores comunitarios: el señalamiento de irregularidades en algunos comedores, amplificado por los medios masivos, fue utilizado para cortar los insumos a todos los comedores y merenderos que dependían de organizaciones sociales. La justicia dió la razón a las organizaciones que demandaron a Pettovello, pero la ministra se resiste a cumplir los fallos judiciales y el caso está en la Corte Suprema. El gobierno encargó también una auditoría sobre el FISU (el fondo para la urbanización de barrios populares) y dejó al programa sin fondos, aunque más tarde la auditoría mostró que no se habían registrado irregularidades. No importó: para la gestión gobierno libertaria, alcanzó con esparcir sospechas sobre supuestos curros para desfinanciar políticas. ¿Podrá repetirlo con las universidades? El resultado del estudio de opinión de Zuban Córdoba indica que esta vez a Milei no le resultará tan fácil.