Presos por pensar distinto: el caso Eva Mieri

La justicia convierte un acto simbólico en una causa federal mientras el diputado incita al odio impunemente. Arroyo Salgado, con aspiraciones a la Procuración, juega su partido.

Eva Mieri está presa. No por robar, ni por cometer un crimen de sangre. Está detenida por participar de un escrache contra el diputado José Luis Espert, en el que un grupo de personas dejó estiércol y un pasacalle frente a su casa en San Isidro. La jueza Sandra Arroyo Salgado la mandó a una unidad penitenciaria federal y le imputó una retahíla de delitos que parecen pensados para narcotraficantes, no para militantes políticos.

La escena suena ridícula: cinco personas arrojando bosta frente a una casa. Pero la justicia lo trató como si se tratara de un atentado terrorista. "Atentado contra el orden público", "amenazas coactivas agravadas", "incitación al odio por razones políticas" y "malversación de caudales públicos" son algunos de los cargos. Todo por un escrache, por más cuestionable que resulte la acción. Mientras tanto, Espert sigue en libertad, y sigue diciendo en público que a los kirchneristas hay que "colgarlos en la plaza" o "meterlos presos o matarlos".

En Argentina, incitar al odio desde una banca legislativa parece no ser delito. Dejar estiércol en una vereda, en cambio, puede valer una prisión efectiva.

La detención de Mieri, concejala de Quilmes, con uso de un procedimiento rígido, traslado a prisión federal y negativa de excarcelación, configura un mensaje claro: la oposición al oficialismo nacional puede pagarse con la cárcel. La jueza no tuvo empacho en vincular la condición de funcionaria con un presunto riesgo de fuga, a pesar de que la propia defensa demostró que no había peligro procesal alguno.

La causa, sin embargo, excede a Eva Mieri. El dispositivo judicial se desplegó con velocidad y espectacularidad sobre un hecho de baja lesividad. Se allanaron domicilios, se rastrearon patentes, se analizaron conversaciones de WhatsApp. Todo mientras en el país proliferan causas graves, demoras judiciales y narcos que esperan en libertad. Pero aquí el objetivo no es la justicia, es la ejemplificación.

Sandra Arroyo Salgado, con su reconocida vinculación con sectores del poder real, apuesta a posicionarse como eventual Procuradora General de la Nación. Y en ese camino, exhibe mano dura y disciplina ideológica. Le habla a los dueños del poder, no a la ciudadanía.

El contraste es obsceno. Espert, desde su banca, promueve con lenguaje de exterminio la eliminación del adversario. No es una hipótesis: lo hace a diario. Y no hay fiscal ni jueza que lo cite. En cambio, cuando un grupo de militantes comete una acción simbólica (cuestionable, pero no violenta ni lesiva), cae todo el peso del aparato judicial.

No es nuevo en la historia argentina que la justicia funcione como herramienta disciplinadora. Lo que sorprende es la naturalización de esa práctica. La judicialización de la política no solo busca castigar a Mieri, busca enviar un mensaje a toda la dirigencia que se atreva a confrontar el modelo actual.

Mientras se insiste con "más libertad" como dogma oficial, se encarcela a dirigentes por escraches, se criminalizan manifestaciones y se pone en duda el derecho a protestar. La contradicción está a la vista: lo que se protege no es la libertad, sino la impunidad del poder.

No se trata de justificar acciones. Se trata de mantener el principio de proporcionalidad y de garantizar el derecho a disentir sin miedo a perder la libertad. Si la justicia se transforma en un brazo ejecutor de la ideología dominante, se rompe el contrato social.

Eva Mieri hoy está en una cárcel federal. Podría estar en su casa, con una restricción. Pero está presa porque una jueza decidió que el estiércol es una amenaza al orden democrático. Tal vez convendría mirar más de cerca las amenazas reales: las que vienen desde el poder, las que se disfrazan de justicia y castigan el pensamiento distinto.