Milei versus Villarruel: fractura expuesta y sin puente con los gobernadores

Crisis interna en el gobierno de Milei

Las fisuras que recorren al gobierno de Javier Milei ya no pueden ocultarse bajo la retórica del orden libertario. La interna con Victoria Villarruel dejó de ser un susurro de pasillos para convertirse en un conflicto político declarado, admitido incluso por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Pero la tensión entre Presidente y Vicepresidenta es solo la punta de un iceberg más profundo: la parálisis institucional, la falta de diálogo real con los gobernadores y una estrategia de poder que parece no tolerar ni la más mínima disidencia dentro de su propio espacio.

La reciente sesión en el Senado, habilitada por Villarruel y aprobando proyectos de alto impacto social como el aumento a jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, fue el disparador de una tormenta que ya venía gestándose. Desde Balcarce 50 acusaron a la vice de deslealtad y la responsabilizaron por lo que consideran una “rendija institucional” que puso en jaque el equilibrio fiscal. La respuesta de Villarruel no se hizo esperar: denuncias solapadas de autoritarismo presidencial, reclamos por una comunicación inexistente y un tono que marca ruptura, no distancia.

Un poder sin vice: la crisis ya es política

Guillermo Francos lo dijo sin rodeos: lo que atraviesa al Gobierno es una “crisis política”, no solo una diferencia táctica. La aclaración es clave. La palabra “crisis” fue durante meses evitada a toda costa por el oficialismo. Pero el conflicto con Villarruel obligó a blanquear lo obvio: que el poder de Javier Milei está empezando a mostrar sus límites, incluso dentro de su estructura formal.

No es menor que quien lo diga sea el hombre que hoy sostiene, con sus visitas, gestos y silencios, los pocos hilos que atan a la Nación con las provincias. Francos intenta mantener cierta interlocución con gobernadores que ya no entienden si el Presidente los considera aliados, enemigos o meras variables de ajuste. Y que ahora ven cómo ni siquiera la vicepresidenta encuentra lugar en la lógica vertical y punitiva del mileísmo.

El conflicto con Villarruel es doblemente inquietante: por un lado, muestra que el núcleo de poder no acepta autonomía política ni siquiera de quienes llegaron en fórmula; por otro, revela que el Presidente está dispuesto a exponer públicamente a su número dos, incluso amplificando ataques desde cuentas oficiales y voceros afines. Es, en términos de realismo político, una señal de que la lealtad se mide únicamente por la obediencia.

El veto que no llega, el diálogo que no existe

Mientras tanto, el otro gran frente abierto sigue siendo el vínculo roto con los gobernadores. Tras la aprobación en el Senado de leyes con amplio respaldo opositor y hasta de legisladores aliados, el Ejecutivo decidió no vetarlas de inmediato, pero tampoco abrir un canal de diálogo político. La estrategia es dilatar los tiempos administrativos sin ceder control. No hay llamados, no hay gestos de apertura. Solo un cronograma burocrático que busca enfriar la tensión sin desactivar el conflicto.

Los proyectos de ley aprobados aún esperan su trámite legislativo formal. Algunos fueron girados a Diputados, otros aguardan la firma de Martín Menem para volver al Senado. El Gobierno justifica las demoras en cuestiones técnicas, pero lo cierto es que hay una decisión política detrás: no convalidar institucionalmente lo que se considera una rebelión del Congreso.

En paralelo, desde Casa Rosada deslizan que la sesión del Senado fue inválida. Es una forma de dejar abierta la posibilidad de vetar sin reconocer la legitimidad del debate legislativo. Pero ese juego de dobles mensajes no convence a los gobernadores, muchos de los cuales se preparan para cruzarse con Francos en la Feria de La Rural. Allí habrá sonrisas, pero no acuerdos.

Un modelo de poder centrífugo

Lo que está en juego no es solo un paquete de leyes ni una pelea personal. La crisis expone un modelo de construcción política que depende exclusivamente del control vertical del Presidente. No hay coalición real, ni bloques negociadores, ni espacio para la diferencia. Todo lo que no emana de la usina libertaria es interpretado como traición o populismo encubierto.

Este encierro tiene consecuencias. Con la vice desautorizada y los gobernadores ignorados, el gobierno se vuelve cada vez más pequeño. El Parlamento, lejos de ser domesticado, se volvió un espacio activo donde emergen acuerdos transversales que desafían la lógica binaria de Milei. En lugar de disciplinar, la estrategia del látigo puede estar acelerando un proceso de despegue del poder legislativo, que ya no teme avanzar por fuera del Ejecutivo.

El caso Villarruel es, en este sentido, sintomático. No es solo na figura institucional en tensión: es la representación de una fractura interna que impide al gobierno consolidar una fuerza estable y transversal. Al atacarla, Milei no solo pone en jaque a su fórmula original: dinamita los puentes que podrían haberle permitido un tránsito menos áspero con el Congreso y los territorios.

En definitiva, la crisis entre Milei y Villarruel marca el límite de una forma de ejercer el poder: la que confunde firmeza con aislamiento, verticalidad con intolerancia, y pureza ideológica con negación de la política. Mientras el Presidente se atrinchera en sus redes y pospone decisiones clave, los actores del sistema comienzan a moverse por fuera de su órbita. Si no hay vice, ni diálogo con provincias, ni aliados con voz, entonces lo que hay es un gobierno solo. Y un gobierno solo no es fuerte: es vulnerable.