Coimas en ANDIS: Fiscal va a fondo por el celular de Spagnuolo

Otra jornada caliente en el Congreso

El Gobierno tiró una sábana corta para tapar la fiebre del dólar: retenciones 0% por tiempo limitado y tope de US$7.000 millones en DJVE, bajo un decreto publicado en el Boletín Oficial. Es un puente de divisas hasta el 31 de octubre (o hasta agotar el cupo) y un respiro político antes de la próxima curva. 

Funciona, sí; pero mientras la conversación se llena de “cuánto entra” y “a cuánto cierra”, la noticia importante pasó por abajo de la mesa: la Fiscalía Federal ajustó el foco en la ANDIS y ordenó nuevas pericias para intentar recuperar los mensajes borrados del teléfono de Diego Spagnuolo. En criollo: si se levantan esas nubes digitales, la trama de presuntas coimas podría adquirir nombre, apellido y ruta del dinero. Y ese mapa, por lo que ya figura en el expediente, no se detiene en la ventanilla de un organismo. 

La causa que vuelve: pericia, nube y “corrupción pública”

El expediente ya no habla de una anécdota de audios: el dictamen fiscal encuadra posibles “maniobras de corrupción pública” en la Agencia Nacional de Discapacidad entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. La DATIP —el área tecnológica del Ministerio Público— informó que hubo borrado de información en el iPhone de Spagnuolo y que la línea se “mudó” de dispositivo días antes de los allanamientos. 

Por eso, Picardi instruyó una nueva pericia: reponer el SIM original para intentar el acceso a la nube y ver si el respaldo conserva mensajes, archivos o metadatos útiles. No es magia: es procedimiento forense. Y si aparece, aprieta. 

Hasta ahora, la foto judicial muestra tres planos. Primero, un exdirector de ANDIS que entregó un equipo con información clave eliminada. Segundo, una traza de contrataciones de medicamentos donde aparece la firma Suizo Argentina y otras droguerías bajo la lupa, con la hipótesis de pagos indebidos a funcionarios. 

Tercero, menciones en audios y testimonios a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. La fiscalía ya pidió movimientos bancarios, apertura de caja de seguridad y la recuperación de mensajes; la defensa litigará nulidades y orígenes de las grabaciones. Todo clásico: la batalla será por la prueba digital y por seguir la ruta del dinero. 

El contexto político no ayuda al oficialismo: si la pericia logra reconstruir chats o respaldos y la cadena ANDIS–droguerías–funcionarios se valida con datos bancarios, el caso se expande. No por lo que se grite en redes, sino por lo que entra al expediente. El resto es decorado.

El tablero paralelo: DNU bajo reloj y deuda con candado

La otra placa tectónica de la semana se mueve en el Congreso. La oposición llevó a comisiones el proyecto que reforma el régimen de DNU con dos cambios gruesos: plazo de 90 días para tratarlos y derogación automática si una sola Cámara los rechaza. Tradúzcalo a poder real: el Ejecutivo pierde la inercia de gobernar por decreto “hasta que alguien lo tumbe” y necesita acuerdos o, al menos, no enojar a una de las Cámaras. Diputados ya comunicó el eje del dictamen: 90 días corridos y aprobación expresa de ambas Cámaras para que un DNU quede firme. 

Si no, cae. Ese reloj institucional ya corre. 

El timing es quirúrgico. Con retenciones 0% buscando caja rápida y un andamiaje geopolítico que incluye la incorporación de Argentina como socio contribuyente del programa estadounidense FIRST para pequeños reactores modulares —pieza de una estrategia mayor en energía e infraestructura digital—, el Poder Ejecutivo intenta mostrar control. El problema es que, en paralelo, la política vuelve al Congreso con herramientas para acotar la discrecionalidad del Decreto. Si esa reforma prospera, cada atajo exigiría consenso o costo. No es un detalle: es un cambio de reglas. 

Notas al pie

Desde 2021 rige la Ley 27.612 de Sostenibilidad de la Deuda, que obliga a topear la emisión de títulos bajo ley extranjera y a pasar por el Congreso toda operación de crédito con el FMI y sus ampliaciones. Si el Ejecutivo buscara nuevos esquemas de financiamiento externo (bilaterales, multilaterales o mixtos), el candado existe. 

La radiografía completa, sin brillantina: el decreto 682/2025 compra tiempo al precio de recaudación y apuesta a que US$ entren antes de las urnas; la pericia del celular puede cambiar la escala del caso ANDIS si convierte sospechas en bitácoras, transferencias y chats; y la reforma de DNU en Diputados amenaza con ponerle horario al hiperpresidencialismo de emergencia permanente. Cada uno de esos hilos cuenta una parte del poder real: la caja, los fierros judiciales y las reglas del juego.

El oficialismo puede insistir con que todo es “opereta”. Pero los Decretos van camino a necesitar dos manos levantadas (Senado y Diputados) para sobrevivir 90 días, y el teléfono de Spagnuolo no entiende de relatos: entiende de backups. Al final, la escena es sencilla hasta para la vecina de la feria: decretos con reloj, retenciones con fecha, audios con pericia. Y en política, cuando el reloj, la fecha y la pericia se alinean, la mística se termina y empieza la aritmética. Si hay algo que tapa ruido de campaña, no es el café de la “selfie” en Washington: es la nube cuando se sincroniza. Ahí no hay eslóganes: hay evidencia. Y la evidencia, cuando aparece, no perdona ni en modo avión.

Retenciones 0% hasta el 31/10 o hasta US$7.000 millones: alivio inmediato, factura fiscal después. La letra está en el Boletín Oficial.