Paro de 72 horas en las universidades: salario, presupuesto y una ley

El calendario académico se detiene y no es por fin de curso. Docentes de las universidades nacionales paran durante 72 horas con una consigna nítida que atraviesa cualquier interna: que se cumpla la ley que fija fondos de funcionamiento y recomposición salarial. La escena es realpolitik pura. De un lado, el Gobierno, que promulga normas y luego las reglamenta con freno de mano, con el argumento de disponibilidad financiera. Del otro lado, un sistema que sostiene millones de cursadas, investigación, hospitales escuela y desarrollo regional, y que ya no se banca pagar la inflación con vocación y café.

La medida no salió de un rayo en cielo sereno. Los gremios mayoritarios coordinaron la estrategia después de meses de paritarias en cuotas, partidas que no alcanzan ni para la luz y un deterioro salarial que dejó los sueldos muy por debajo del nivel de noviembre pasado. Hubo mandatos de base que pidieron ir más lejos, incluso suspender mesas de examen. Ganó la opción de 72 horas, con un mensaje táctico: mostrar fuerza sin dinamitar el puente con los estudiantes.

El oficialismo intenta instalar que no hay caja. En paralelo, sí hubo decisión para mover otras políticas sensibles y otorgar aumentos selectivos en sectores con conflicto. La señal es transparente. La billetera existe, el problema es el orden de prioridades. Cuando conviene, el gasto aparece como inversión. Cuando se trata de sostener el sistema universitario, aparece como costo.

Las rectoras y rectores, lejos del barro partidario, avanzaron por la vía judicial. El Consejo Interuniversitario Nacional acordó reclamar ante la Justicia que se ejecute la ley votada por amplia mayoría. No es épica, es procedimiento. Un decreto no puede dejar en suspenso el Congreso. La pulseada excede el sueldo docente. Discute quién define la política educativa y con qué reglas.

También juega el territorio. En muchas provincias las universidades son la principal empleadora calificada y el puente entre pymes, Estado local y ciencia aplicada. Con partidas congeladas, se paran laboratorios, proyectos con financiamiento internacional y programas de transferencia que sostienen encadenamientos productivos. Traducido al idioma del que mira la economía con calculadora. Cada recorte hoy se paga mañana en menos productividad.

El Gobierno apuesta al desgaste. Piensa que el calendario y la fatiga harán el trabajo. Los gremios respondieron con unidad poco frecuente y una agenda que no solo pide salarios. Reclaman actualización automática de gastos de funcionamiento, previsibilidad para la investigación y un piso de financiamiento que no dependa del humor de la Casa Rosada. No es maximalismo. Es gobernabilidad del sistema.

En el medio, dos a tres millones de estudiantes. No son rehenes, como se intentará decir desde algún atril. Son la razón de ser del reclamo. Sin presupuesto, las universidades achican horarios, cierran comedores y apagan aulas. La supuesta austeridad termina siendo cara. Expulsa a los que menos tienen y convierte a la universidad pública en un lujo de pocos.

El conflicto tiene salida si hay voluntad política. Cumplir la ley, actualizar partidas con un ancla inflacionaria realista y reabrir paritaria con horizonte anual. Si la respuesta vuelve a ser una reglamentación que congela, la respuesta también será previsible. Más paros, más judicialización y un 2026 que arranca en falso. A fuerza de hechos, el sistema universitario dejó claro algo que ningún eslogan puede borrar. La educación superior no es un gasto que se recorta con tijera de oficina. Es infraestructura de futuro. Si se la apaga, el costo no lo paga un rector ni un ministro. Lo pagamos todos, cuando el país necesite profesionales y encuentre aulas vacías. Irónico, ¿no? La economía que dice premiar la eficiencia elige desfinanciar su máquina de producir talento. Ahí no hay ahorro, hay miopía con credencial.