El bloque mileísta en el Senado oficializó el pedido para tratar el miércoles próximo el proyecto de Reforma Laboral y reconfiguró el escenario político. Los gobernadores postergaron la reunión prevista para este mediodía en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), durante la cual discutirían modificaciones a ese proyecto de ley, y el Gobierno convocó a su mesa política para cerrar filas y tejer negociaciones.
La confirmación de que la reforma será tratada la próxima semana llegó luego de que el oficialismo comandado por Patricia Bullrich lograra la cantidad de firmas necesarias para esa convocatoria, que aún no tiene un horario preciso.
La acompañaron sus aliados Enrique Martín Goerling Lara (PRO), Carlos Espínola (Provincias Unidas), Luis Juez y Beatríz Ávila (Juntos por el Cambio) y Eduardo Vischi (UCR), quienes garantizarán los votos necesarios para que la iniciativa se obtenga media sanción.
El anuncio se conoció casi en simultáneo a la decisión de los mandatarios provinciales de suspender la reunión que tenía prevista para este miércoles en el CFI. Se esperaba que durante ese encuentro saldría un posicionamiento conjunto y formal sobre el proyecto que desvela al oficialismo.
La idea era discutir algunos puntos que impactarían directamente en las provincias, sobre todo las reducciones a las alícuotas del Impuesto a las Ganancias que tendrían efecto en los recursos coparticipables.
Según trascendió, la suspensión de ese encuentro no sólo surgió en simultáneo a la confirmación de la convocatoria a sesión sino también luego de llamados desde la Casa Rosada a algunos de sus gobernadores “dialoguistas”.
La preocupación del Gobierno no sólo tenía que ver con las reformas que se propondrían sino con la declaración conjunta que se transmitiría. El efecto político que produciría un pronunciamiento de gobernadores unificados tendría un alto costo.
De todas maneras, la suspensión no fue una desarticulación total. Pero le da aire al Poder Ejecutivo para seguir presionando, ofreciendo y negociando con las provincias; sobre todo con las más permeables a intercambiar favores.
Para diseñar la trama de la que estarán encargados el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santili, el Gobierno convocó a su “mesa política”, integrada por los funcionarios más allegados a Javier Milei.
Es que aún persistían los debates en torno a una parte importante del articulado del proyecto diseñado por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación), en particular en el capítulo tributario que contempla la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades.
Se prevé que el oficialismo intente darle unas puntadas a ese tema para lograr apoyos, sobre el que puertas adentro de la Rosada hay posturas contrapuestas.
Bullrich y Santilli se habían mostrado permeables a consensuar posturas e introducir cambios al respecto durante la sesión. Incluso, ante un eventual escenario complejo para el grueso del articulado, no descartan dejar afuera la demanda. Por el otro, la resistencia la encabezan el ministro Luis Caputo y el asesor Santiago Caputo, que rechazan ceder en ese punto.
Otra fractura en el peronismo, que perdería más legisladores
En el inicio del segundo tramo de las sesiones extraordinarias, y en la previa al debate por la reforma laboral, el peronismo en el Senado enfrenta el riesgo de potenciar su pérdida de gravitación por la tensión con los integrantes de Convicción Federal, la bancada que ya se había desprendido del bloque Justicialista pero que continúa ligada en un interbloque al espacio presidido por José Mayans. Alineados con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), aliados del oficialismo, analizan cortar también ese vínculo.
El proceso de suspensión de Carolina Moises abierto en el PJ jujeño por “presunta grave inconducta partidaria” dejó otra vez al peronismo en el Senado, ya cada vez más lejos del control de la Cámara como sucedía desde la recuperación de la democracia hasta 2017, al borde de una nueva ruptura. Los interventores partidarios Daniel Menéndez y Aníbal Fernández argumentaron la resolución de la semana pasada en su voto a favor del Presupuesto y su apoyo en las elecciones de 2025 a una lista al margen del frente Justicialista. En total hubo cinco boletas con afiliados al peronismo, por lo que los posibles sancionados son más de 300 dirigentes.
Con el radicalismo en el poder en Jujuy, Moises tiene sintonía con Sáenz y también fluida relación con Jalil. No sólo ella votó a favor del Presupuesto, en esa sesión el bloque de Convicción Federal se partió: también colaboraron con la sanción el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza, y la rechazaron el puntano Fernando Salino y el riojano Fernando Rejal.
“Algunos estamos dispuestos a irnos, pero no somos atolondrados ni actuamos por impulso. Tenemos muchas variables para analizar y lo más importante es que no se rompa Convicción Federal, que es nuestra construcción de poder en el Senado”, contó uno de los enfrentados a la conducción de Cristina Kirchner, y entre los puntos enumeró la estrategia para los debates en las extraordinarias, el efecto en la distribución de cargos en la Cámara y los lugares en las comisiones, los intereses de los gobernadores y los acuerdos con otros miembros del interbloque.
Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), en una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli.Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), en una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli.
En el caso de definan la partida, proyectan confluir en un armado legislativo con la salteña Flavia Royón -responde a Sáenz- y la tucumana Beatriz Avila -a Jaldo-, y explorar acuerdos con otros senadores que reportan a gobernadores como los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
En una conferencia de prensa en Jujuy, Moises atribuyó el proceso de suspensión del PJ a una "orden" de Cristian Kirchner. “Es un acto de cobardía total, un mamarracho jurídico y un grave error político”, cuestionó, y advirtió sobre el impacto en el Senado: “¿No va a quedar uno en el bloque peronista, solamente quedarán los ultra K que son ciegos, sordos y mudos, y votan lo que dice Cristina, incluso en contra de los intereses de sus provincias y de lo que necesitan sus gobernadores?”.
La tensión a su vez se potencia en el Congreso porque Mayans, el jefe de los senadores peronistas, cumple el rol de titular del PJ en ejercicio desde la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. “Debería cuidarnos más, porque él estuvo de acuerdo con que Convicción Federal tenga libertad de acción en las votaciones”, le pasaron factura al formoseño.
El interbloque presidido por Mayans tiene 28 miembros, entre los 21 de la bancada Justicialista, los cinco de Convicción Federal y la dupla santiagueña (Gerardo Zamora y Elía Moreno). A partir del recambio legislativo de diciembre el peronismo redujo su poder en el Senado al nivel más bajo en más de cuatro décadas. Desde 1983 controló la Cámara hasta 2017, cuando quedó con 35 senadores, en 2019 subió a 42 y luego fue en declive hasta el número actual, a nueve del quórum.
