La guerra en Medio Oriente cumple casi veinte días y el estrecho de Ormuz —por donde circula el 20% del petróleo mundial— sigue prácticamente cerrado. En la Argentina, los precios de la nafta y el gasoil ya acumulan un aumento del 13% en las últimas tres semanas.
El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, dijo que la lógica es trasladar únicamente el impacto real de los costos y evitar aprovechar subas transitorias del mercado internacional. “Cuando sube, sube; cuando baja, baja”, resumió.
En lo que va del año, los combustibles acumulan una suba del 16%, mientras que el Brent avanzó un 71%. Solo en marzo el incremento fue del 13%, tras haber bajado en enero cuando cayó la cotización internacional.
Desde el 1 de marzo, cuando la escalada de tensiones en Medio Oriente aceleró el alza del crudo, las refinadoras venden nafta y gasoil por debajo de sus costos. Según fuentes del sector que hablaron en reserva, hoy compran el barril a no menos de US$94 y lo venden 25% menos.
Ese desfasaje tiene una explicación concreta: la política de precios vigente desde que el gobierno de Javier Milei liberó completamente el mercado de combustibles fija el valor local del barril por paridad de exportación —el Brent con un descuento del 8% por retenciones, menos los costos de flete—. Un mecanismo que funciona bien en tiempos de estabilidad, pero que se convierte en un torniquete cuando el crudo sube a la velocidad de una crisis.
El mercado local está dominado por cuatro grandes empresas: YPF concentra el 55% del despacho, seguida por Shell (19%), Axion (14%) y Puma Energy (5%). Dado el peso decisivo de la petrolera de control estatal, el resto prefiere esperar a ver qué hace YPF antes de actualizar sus propios precios. La compañía no es solo una empresa: es el termómetro y el regulador informal del mercado.
El mercado minorista representa el 70% del consumo total, mientras que el mayorista absorbe el 30% restante, con picos de demanda en los meses de cosecha —que arrancan en abril.
La Argentina produce 882.000 barriles diarios de petróleo, de los cuales destina 570.400 al mercado doméstico y exporta el resto. Esa posición exportadora convierte la crisis en una oportunidad de ingresos para el país, pero al mismo tiempo crea una tensión interna: cuanto más alto el precio internacional, más costoso resulta sostener un precio local subsidiado de facto.
Hasta la llegada del gobierno de Milei regía una restricción que obligaba a las productoras a abastecer el mercado interno antes de exportar. La actual administración dejó de aplicarla, aunque la ley aún la habilita en situaciones de emergencia
El diagnóstico es unánime en privado: la crisis internacional es más grave de lo que sugieren los precios locales, y el margen para contenerla se achica a medida que la guerra se prolonga sin señales de resolución.
En Estados Unidos —el mayor productor del planeta, con más de 13,5 millones de barriles diarios— los combustibles subieron 25% desde que arrancó la guerra. La preocupación por el impacto inflacionario llevó al gobierno de Donald Trump a intervenir antes de las elecciones legislativas de noviembre: levantó las sanciones para la compra de petróleo ruso y suspendió por 30 días la centenaria ley Jones —que exige que las mercancías transportadas entre puertos estadounidenses sean llevadas en buques de bandera, construcción y propiedad americana— Brasil, por su parte, aplicó derechos de exportación al diésel y prohibió la exportación de otros productos.
